En la mañana de este lunes, José Antonio Domínguez Iglesias -alcalde de Almonte– ha comparecido en el Juzgado de Instrucción número 3 de La Palma del Condado a requerimiento de su titular, donde se ha ratificado, en todos sus términos, en la denuncia que se presentó por parte del Ayuntamiento en relación a la compra de cuatro parcelas ubicadas en la “Dehesa Santa María” de la localidad.

Se trata del siguiente paso en el proceso para que puedan continuar tramitándose las actuaciones que inició el Consistorio contra el ex alcalde socialista, Francisco Bella Galán –procesado también en el caso del ‘campo de golf’ – y los concejales que respaldaron dicha compra.

En total son cuatro parcelas con una superficie total de 153 hectáreas por las que el Ayuntamiento pagó en 2006, 4.361.493 euros. Un precio catastral muy superior al valor de los terrenos. Tanto es así que el actual Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almonte (PP), en su búsqueda por conocer el estado real de las cuentas públicas así como aquellas operaciones urbanísticas que han dejado al Consistorio almonteño al borde de la bancarrota, reclamó un informe al perito agrícola municipal. En él se apuntó que, en aquel año y en función de las valoraciones en las referencias catastrales, el valor de las cuatro fincas no excedía de los 1.700.000 euros. Esto hace que los daños y perjuicios reclamados en la denuncia que hoy se ratifica, asciendan a 2.678.113,14 euros -a fecha de 2006-, por lo que ahora el Consistorio podrá reclamar también los intereses devengados.

Más allá de todo esto, el Equipo de Gobierno del Partido Popular en Almonte ve también indicios de ilegalidad en la forma en la que se gestó la operación, ya que -según la normativa- los Bienes de las Entidades Locales de Andalucía establecen el concurso como la forma habitual de contratación, algo que de ningún modo ocurrió en este caso.