El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado ha dictado un auto en el que cita en calidad de imputados a un total de diez personas, en relación con un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos por el caso denominado “Dehesa Santa María”, consistente en la compra de cuatro parcelas en la legislatura 2003-2007.
Figuran en el auto la actual secretaria general del PSOE, Rocío Espinosa, actuales ediles del grupo municipal, como es el caso del ex alcalde de Almonte, Francisco Bella, el también diputado José Villa y María Azucena León, quien es también miembro de la ejecutiva local. En estos tres últimos casos, se encuentran acusados igualmente por la compraventa del campo de golf.
Completan la lista de citados otras dos ex concejalas del equipo entonces gobernante, M.B. J. R. y R. M. N. R., dos de los vendedores, el arquitecto técnico municipal que realizó la primera tasación de los terrenos y un funcionario del Ayuntamiento.
Los imputados con responsabilidad política deberán comparecer ante el juez el día 7, a excepción de Espinosa que deberá hacerlo el 11 junto al resto de llamados. Esta causa se suma a otros procesos judiciales abiertos, como el caso “Campo de Golf” por el que trece concejales del gobierno socialista saliente en 2011 han sido ya formalmente acusados por el juez por un delito de prevaricación y otro de fraude en la contratación.
De esta forma, ha resultado imputada la que también fuera durante los años 2007 y 2011 directora general de Sostenibilidad de la Red de Espacios Naturales de Andalucía (RENPA), órgano adscrito a la Consejería de Medio Ambiente. El pasado lunes, el alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez Iglesias (PP) ratificó en el Juzgado de La Palma del Condado la denuncia que presentó en nombre del Ayuntamiento.
Detalles del caso
En 2006, el equipo de gobierno socialista adquirió cuatro fincas con una superficie total de 153 hectáreas por las que el Consistorio pagó 4,3 millones de euros. Según el actual equipo de gobierno popular, un precio muy superior al valor real de los terrenos. Por ello, y en la intención de conocer el estado real de las cuentas públicas, encargó un informe al perito agrícola municipal.
En su dictamen, el técnico comparó otras referencias catastrales de aquel año y dictaminó que el valor de las parcelas no superaba los 1,7 millones de euros. Como resultado, el Ayuntamiento reclama en la denuncia presentada daños y perjuicios por un importe de 2,6 millones de euros, más los intereses devengados. El equipo popular también ve “indicios de ilegalidad” en la forma en la que se gestó la operación.
Según detalló en su día el portavoz popular José Joaquín de la Torre, el expediente administrativo de la compraventa “se habría realizado con posterioridad al acuerdo entre las partes”. Por otro lado y según la normativa, los bienes de las entidades locales de Andalucía establecen el concurso como la forma habitual de contratación, algo que de ningún modo ocurrió en este caso.
