Un mes después de que el sindicato CSIF hiciera pública la situación que estaban viviendo los afiliados de esta organización en la empresa de seguridad privada Vinsa, se ha organizado esta mañana una concentración de protesta para exigir la readmisión del delegado de personal que fue despedido el pasado 25 de octubre y que responde, según apuntan todos los indicios, a una persecución sindical que ha tenido lugar durante los últimos meses.
En las puertas de Decal, empresa cliente de Vinsa donde ejercía el trabajador afectado, la Central Sindical le ha mostrado su apoyo pidiendo que se dé marcha atrás y “se reconduzca” esta situación. En la pancarta principal se podía leer “moobing, ¿mafia?, despidos, enchufismo, expedientes, despidos”; una expresa batería de palabras en clara alusión al comportamiento de Vinsa con los afiliados de CSIF.
En este sentido, desde la organización se explica que se han abierto progresivamente expedientes disciplinarios injustificados para sostener el despido que finalmente se llevó a efecto hace dos semanas. Todo ello -argumenta- ha ocurrido después de imponerle al trabajador varias sanciones de suspensión de empleo y sueldo desde el pasado mes de julio a raíz de hacerse pública la intención de este sindicato de concurrir a las elecciones sindicales que se celebrarán a finales de este año.
Así las cosas, la organización afirma que “todo parece indicar que Vinsa ha vulnerado la libertad sindical y ha perseguido por razones sindicales a una serie de trabajadores que, hasta este momento, no habían tenido ningún tipo de problemas ni habían recibido sanción alguna por el desempeño de su labor”. Además -tal y como recuerda el sindicato-, estas actitudes también se están produciendo en la empresa a nivel nacional.
Firmas de apoyo
De forma paralela a las protestas, que continuarán durante las próximas semanas, el caso sigue su curso legal a través de la asesoría jurídica de CSIF y, al mismo tiempo, se ha iniciado una campaña de recogida de firmas online en la página Web del sindicato en apoyo a los trabajadores afectados.
Todo ello pretende conseguir la readmisión del empleado despedido, depurar responsabilidades “a quienes por acción u omisión hayan iniciado o cooperado en una serie de actuaciones que están injustificadas y son contrarias a Derecho”, según la Central Sindical, y frenar posibles nuevos despidos en la empresa.