El PSOE Huelva va a presentar mociones en todos los ayuntamientos de la provincia para pedir al Gobierno central, presidido por Mariano Rajoy, que retire el borrador de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, ya que la entrada en vigor de la misma supondría «la eliminación de los juzgados de paz de los municipios y de las cinco sedes judiciales comarcales», ubicadas en Ayamonte, Aracena, La Palma del Condado, Moguer y Valverde del Camino, «centralizándose todo en la capital».

Para el secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Provincial del PSOE, Manuel Domínguez, «estamos asistiendo con ello a un nuevo ataque del Ejecutivo de Rajoy a los ciudadanos que viven en los pueblos que se verían obligados a desplazarse a la capital para tener acceso a la justicia», según ha informado el PSOE en una nota.

Domínguez ha señalado que, con esta Ley, «lo mismo» que con la reforma de la Administración Local, «se atenta» contra los servicios básicos que se prestan a los ciudadanos, «siendo los más afectados las personas que viven en el ámbito rural», que se encuentran con una «nueva barrera» y «un paso más en las dificultades que el Partido Popular está poniendo a la ciudadanía».

El dirigente socialista ha alertado de la «ineficiencia» de esta reforma, ya que «no conllevaría ahorro y tan sólo acarrearía molestias, peor prestación y más gastos para los ciudadanos, justo lo contrario de lo que han venido defendiendo, que es la cercanía de los servicios públicos y el acceso universal al sistema judicial».

En este sentido, ha incidido en que «los servicios públicos tienen que estar cerca de los ciudadanos, porque al alejarlos, estamos privando a mucha gente de la posibilidad de acceder a ellos», al tiempo que ha añadido otros «perjuicios» que, a su juicio, esta Ley tendría para la economía local, ya que «el hecho de que exista un juzgado en una población es un elemento dinamizador de la propia vida ciudadana, del comercio y de la hostelería».

Por ello, Domínguez ha manifestado que desde el Partido Socialista «van a llevar a cabo una oposición contundente y rotunda» ante esta normativa promovida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para «impedir que se consolide la pérdida de un derecho fundamental, como es el de la tutela judicial efectiva».