La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha dado a conocer los resultados de una auditoría externa y por tanto independiente, de las cuentas de la organización. Esta decisión coincide en el tiempo con la aprobación por las Cortes de la Ley de Transparencia. Los datos se han difundido a los medios de comunicación y estarán disponibles permanentemente en la web del sindicato (www.csi-f.es).

La auditoría de la organización, cerrada a diciembre de 2012, indica que sus cuentas se sustentan fundamentalmente por unos ingresos de 15.695.425,43 euros procedentes de las cuotas de sus afiliados. Esta es la principal fuente de financiación de CSI-F. Asimismo, CSI-F percibe ingresos correspondientes a servicios prestados (primas de seguro, alquileres, asesorías, formación sin cargo a subvenciones) a afiliados, empleados públicos y trabajadores en general, 1.486.513,29 euros; subvenciones públicas con carácter finalista (formación), 3.863.731,98 euros; y subvenciones en concepto de actividad sindical, 971.376,32 euros. CSI-F publica los datos de las subvenciones que recibe de fondos públicos, adelantándose en un año a la aplicación de la Ley de Transparencia y además los gastos e ingresos propios de su actividad sindical. Las cifras indican que CSI-F es una organización transparente, en regla y sin riesgos de financiación. La auditoría se ajusta al marco legal del RD 1491/2011 por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.

Y su publicación responde al compromiso del sindicato con la transparencia y su firme convicción en que las instituciones que reciben fondos públicos deben dar cuentas a los ciudadanos de hasta el último euro que reciben de las arcas públicas. La situación económica y social, la crisis que afecta a las instituciones económicas, financieras y en líneas generales a las instituciones democráticas, hacen preciso un ejercicio de responsabilidad de los poderes públicos y agentes de la sociedad civil para generar credibilidad hacia los ciudadanos, reforzar y regenerar las instituciones y en definitiva, fortalecer la democracia.

En este sentido, CSI-F considera, en el ámbito que le compete, que los poderes públicos deberían avanzar en la redacción y el desarrollo de una Ley de Financiación de los Sindicatos que elimine cualquier sombra de duda en la gestión de unas organizaciones básicas para el funcionamiento de la democracia.