Si corromper es un sinónimo de viciar, y vicio lo es de falsedad, no cabe duda que el término, verbal o sustantivo, es lo que se denomina un contravalor. Lo es porque al igual que se corrompen las costumbres, se abusa de las voces, se prostituye a menores o se emplea de manera fraudulenta lo público en beneficio de lo privado. La corrupción es toda una diarrea mental que llena de inmundicia, que enmierda, con perdón, al sujeto agente y ensucia a su sociedad.

Hasta ahí, todos podemos estar de acuerdo. Las palabras las carga el diablo si no se emplean con la propiedad debida y para el fin deseado. En numerosas ocasiones, he leído que los etarras excarcelados o los violadores no reinsertados están en la calle gracias a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. No. Ni hablar. Gracias a, ni que lo piensen. Será a causa de o como consecuencia de. Pero gracias a, en modo alguno. Pues eso. Si referimos que la corrupción pública en España está alcanzando cotas demoledoras merced a la inexistencia de un sistema legal adecuado, contestaré en una doble dirección. Por una parte, que sí, que la corrupción está favorecida por los vacíos del sistema legal. De otra, que no, que la corrupción acompaña a la humanidad desde que ésta comprende que la apropiación de lo ajeno sale más barato que la adquisición de lo propio.

En este sentido, un estado, sea dictatorial o democrático, tendrá que imponer normas a fin de que el desorden no impere y la injusticia provocada por el caos no exponencie sus efectos devastadores. ¿Hay leyes susceptibles de castigar a los corruptos? En absoluto. El código penal contempla una serie de penas que se diluyen en su propia retórica y carecen de proporcionalidad respecto al reproche exigible. El quid de la cuestión no reside en el número de leyes vigentes. El meollo radica en la necesidad de describir las figuras delictivas de esas normas. Lo genérico constituye un excelente túnel de huida para los coincidentes con el perfil delictivo prediseñado.

Por ejemplo, el funcionario que dio el visto bueno a las subvenciones de los sindicatos o de los partidos políticos o de la patronal, responderá por la condición finalista de las mismas y por la supervisión inherente. De forma tal que si se conceden diez mil euros para formación de desempleados, se asegure que ni un céntimo escape al control del objetivo. No es más corrupto el cargo político que decide a quién se financia que el currito público que se intimida por la influencia del superior jerárquico y abdica de su facultad de garantía. Las condenas podrán diferir, pero uno y otro deben ponerse a buen recaudo.

Leyes sustantivas y procesales las hay a pares. Lo que falta es voluntad política de erradicar esta lacra. La impunidad encubierta que se ha revelado en tantos casos constituye un añadido. Cualquier actuación que quiebre la confianza pública es motivo suficiente para poner pie en la pared de los juzgados. La fiscalía debe dejar de estar al servicio del gobierno y la abogacía del estado debe sacudirse el polvo del mandato de los gobernantes de turno. Las cámaras de cuentas han de cambiar su composición y aligerar los plazos de sus informes. Los parlamentos, dar ejemplo. Las organizaciones políticas, sindicales y empresariales habrán de reconvertirse en formaciones al servicio del bien común en vez de nidos de empleo de amigotes y familiares.

En estos grupos se encuentra la llave del arreglo democrático. A falta de autorregulación, se benefician de los ríos revueltos de los despojos de la ética. Y así nos va. La corrupción es un vicio. Pero cuántas moscan caen en el olor de esa porquería.