Por parte de la FSP-UGT en Huelva hemos empezado a estudiar el aumento de clínicas y consultas privadas ( Clínicas donde el usuario tiene que pagar los servicios prestados), que se viene observando especialmente en Huelva, cuando en estos momentos de crisis económica que vivimos, precisamente harían presagiar lo contrario, ya que a menor poder adquisitivo menor demanda de servicios privados.

Por tanto observamos con profunda preocupación lo que está ocurriendo alrededor de esta apreciación, y que no puede ser otro el motivo que el paulatino descenso de la calidad asistencial que se viene dando desde la sanidad pública empezando en la atención primaria donde a los facultativos se les ha reducido el tiempo de atención por paciente a prácticamente 5 minutos en muchísimos casos, y/o el incremento de los tiempos de espera de los usuarios para ser atendidos, considerando a priori que la política de recortes impuesta por el gobierno central es lo que está provocando el creciente malestar de los profesionales cuando ven disminuir sus retribuciones, sus jornadas y salarios, sus beneficios sociales cuando más los necesitan y conquistados cuando en pro de una mal llamada “necesaria moderación salarial” en tiempos de bonanza económica se nos obligaba a repetidas disminuciones de poder adquisitivo, que no han servido para nada, a golpe de decreto y de leyes injustas.

Todo el personal interino eventual contratado al 75 por ciento como máximo, unos con contratos mes a mes y otros de tres en tres meses, puestos de trabajo vacantes que no se sustituyen. Y ahora para colmo traslados también mal llamados voluntarios porque o te vienes o a ver donde te pongo.

El pasado 15 de enero también, presentábamos en el Hospital Juan Ramón Jiménez escrito en el que se ponía de manifiesto la posible ilegalidad en que podrían encontrarse numerosos profesionales Jefes de Unidades Clínicas si incumplían la normativa de incompatibilidad ya que aparecían en la carta de servicios del nuevo Hospital Costa de la Luz, y en otros posibles centros instando al Gerente a que nos remitiera listado de todos los profesionales con nombramiento de cargo intermedio y si en los casos que denunciábamos había algún eximente por alguna razón a dicha incompatibilidad. Relación que a nuestra Organización no se nos ha hecho llegar aunque a otras sí a tenor de lo visto en los medios de comunicación en estos días.

Esto que a simple vista no tendría mayor relevancia, sí la cobra cuando desde enero la UGT denunciamos que esta ilegalidad se podría estar produciendo y ahora comprobamos que de ser cierto lo publicado, por parte de la gerencia del Hospital Juan Ramón Jiménez parece no haberse hecho nada al respecto y dándose a entender que se gestiona el Hospital desde el descontrol del cumplimiento de la Ley, y de espaldas a la protección de los intereses de la ciudadanía por cuanto que podría estar dándose el caso de que haya quien inste a los usuarios a dirigirse a la sanidad privada ante la falta de posibilidad de atención en los tiempos obligados en el servicio público por la demora consecuencia del incremento de las listas de espera.

Si esto es así, el cargo intermedio como Jefe de Unidad Clínica así como el profesional que trabaja también en la empresa privada tendrían además un plus en sus incentivos económicos al no engrosar la lista de espera más allá de lo previsto en los objetivos de la Unidad y del Centro, aprovechando que el usuario se va directamente al centro privado que se promociona.

Si estas situaciones no se están controlando, habrá que pedir responsabilidades.

Pero aún la cosa sospechamos que puede ser peor si profundizamos en algunos datos obtenidos y que podrían ser demoledores desde la perspectiva de la necesidad de modificaciones legales si se comprueba que son ciertos; es el caso del porcentaje de acciones que tienen un puñado de médicos del sistema público en el nuevo hospital privado y que representan prácticamente un 30 por ciento del total, aparte de otros vinculados a profesionales del SAS familiarmente (3) que tendrían otro 25 por ciento del total de las acciones, máxime cuando alguno de ellos ostenta cargo en puesto clave de control de listas de espera.

Si dentro de este personal, efectivamente hay quien incurre en incompatibilidad, incluso habrán de pedirse responsabilidades a quien corresponda autorizar la apertura de este nuevo hospital así como de otros centros sanitarios en los que esto haya sucedido.

Por tanto es totalmente necesario:

1.- Incentivar al personal con un sistema retributivo más justo y transparente. Con unos contratos dignos y estables, y reponiendo el sistema social pactado; pues de otra manera a base de más de lo mismo en recortes, no se consigue reactivar la economía sino generar más pobreza.

2.- Reposición de las plantillas al cien por cien, pues si no hay atención, hay más listas de espera y una merma en salud de los ciudadanos.

3.- Paralización de la Fusión Hospitalaria hasta que se negocie una reordenación que no lleve aparejada disminución de efectivos en los distintos servicios y en cumplimiento de la proposición no de Ley aprobada por la Junta de Andalucía relativa a la unificación Hospitalaria.

4.- Investigación y control sobre las listas de espera, y una puesta de marcha de un sistema transparente de dichas listas de espera basado en la gestión centralizada informática con la suficiente flexibilidad para tener en cuenta las prioridades en función de la urgencia que cada uno requiera según su patología y su evolución, y de forma controlada. Pues con mayor transparencia mayor seguridad en la debida atención a los ciudadanos.

5.- Mantenimiento de la actividad concertada de tal manera que se garantice a los ciudadanos la mejor y pronta atención que se necesita. Pues cuando desde la sanidad pública no se pueden cumplir los plazos para la correcta atención que los ciudadanos necesitamos, el concierto ha venido siendo la mejor herramienta para garantizarnos la salud que queremos y por la que pagamos.