CSIF denuncia ante la Inspección la aplicación de la jornada de 37,5 horas en el SAS

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ha presentado escritos de denuncia ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, por la aplicación de la jornada de 37,5 horas en todos los centros de la provincia pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud (SAS): las áreas de gestión sanitaria, los distritos sanitarios y los centros hospitalarios.

En concreto, CSIF denuncia en los escritos que la aplicación de la jornada de 37,5 horas que está llevando a cabo el SAS vulnera lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya que está suponiendo, en la práctica, la realización de jornadas con una duración máxima superior a la recomendable (9 horas ininterrumpidas) sin tener en cuenta la salud y la edad de los trabajadores, las condiciones de trabajo (exigencias de la tarea tanto en el plano físico como mental, la diversidad de las labores y la exposición a productos tóxicos), el tiempo de desplazamiento de los trabajadores a su trabajo y las obligaciones familiares

Para la Central Sindical, ninguna de estas consideraciones se ha tenido en cuenta en la aplicación de la jornada de 37,5 horas en el SAS que, además, ha supuesto un cambio sustancial de las condiciones de trabajo lo cual conlleva obligatoriamente -según lo establecido en la Ley 31/1995- la realización de una actualización de la evaluación de riesgos y la práctica de una vigilancia de la salud para garantizar que estas medidas no ponen en peligro la seguridad y la salud de las plantillas, y particularmente de los trabajadores especialmente sensibles.

Para CSIF, según consta en los escritos de denuncia, tanto la evaluación de riesgos como la vigilancia de la salud se deben realizar con la consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes (tal y como establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales); sin embargo, el SAS en ningún momento ha hecho partícipes ni a los profesionales ni a los sindicatos.

Finalmente, en la misma línea de estas demandas y siguiendo en su lucha contra la precariedad laboral en el sector sanitario, la Central Sindical ha trasladado el asunto a su Asesoría Jurídica por si cabe el establecimiento de posibles medidas legales.

 

 

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