El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado iniciar los trámites de elaboración del plan de transporte de Huelva, que fijará las medidas de ordenación y coordinación de servicios, tráficos, infraestructuras e instalaciones para la movilidad sostenible. La nueva planificación se dirigirá fundamentalmente a incrementar la participación de los medios de transporte públicos y a promover los modos no motorizados como la bicicleta.
Los documentos incluirán un análisis y diagnóstico de la oferta y la demanda, fijarán los criterios para el desarrollo de un nuevo modelo de movilidad sostenible y establecerán las directrices de coordinación que deberán seguir las distintas administraciones de acuerdo con sus competencias (los ayuntamientos, el transporte urbano; la Junta, el interurbano por carretera, y el Estado, el ferrocarril de cercanías). Asimismo, los planes especificarán el marco tarifario de los servicios de interés metropolitano, la procedencia de los recursos destinados a cubrir los costes de su funcionamiento y los criterios para el reparto de ingresos y posibles subvenciones.
La estrategia de movilidad sostenible en las aglomeraciones urbanas se dirige a responder a los cambios producidos por el crecimiento demográfico, la expansión urbanística, el desarrollo de políticas de ciudad dispersa y la creciente especialización en los usos del suelo. Estos factores han configurado el modelo de movilidad que resulta necesario corregir tanto por la prolongación de los tiempos de viaje como por el uso mayoritario del automóvil.
En el Área de Huelva, el ámbito de aplicación incluirá las localidades de Aljaraque, Gibraleón, Huelva, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría, San Juan del Puerto y Trigueros. A estas se sumarán los municipios integrados en el Consorcio de Transporte Costa de Huelva: Almonte, Ayamonte, Beas, Bollullos Par del Condado, Bonares, Cartaya, Hinojos, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Rociana del Condado, San Bartolomé de la Torre y Villablanca. La población total alcanza los 400.160 habitantes (76,8 % del conjunto provincial).
Respecto al procedimiento de elaboración de cada plan, la Consejería de Fomento y Vivienda enviará su propuesta inicial a una comisión de redacción formada por las administraciones autonómica y central. A ella también se podrán sumar, con voz pero sin voto, profesionales de la materia y representantes de colectivos afectados. Una vez superado este trámite, los documentos serán enviados a los correspondientes consorcios de transporte de cada zona, organismos en los que se integran la Junta, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos.
Durante un plazo de dos meses, el proyecto se expondrá a información pública y a la consideración de otras administraciones, colectivos y agentes económicos y sociales. Tras este periodo, la Junta redactará la memoria ambiental y culminará el proceso con la aprobación definitiva de los planes por parte del Consejo de Gobierno.
