El alcalde de Cartaya, Juan M. Polo, ha desmentido rotundamente que en el Ayuntamiento de Cartaya “absolutamente nadie, ni el alcalde, ni el secretario, ni los técnicos municipales, hayan consentido actividad ilegal de ningún tipo”, en respuesta a las críticas “totalmente oportunistas” del portavoz de la Oposición socialista en el Consistorio, Alexis Landero, que acusa al Equipo de Gobierno y a los técnicos municipales de cometer una ilegalidad en el caso de una panadería de Nuevo Portil.
Polo aclaró, en primer lugar, que el citado establecimiento tiene licencia como ‘obrador-panadería’ desde abril de 1999, proporcionando empleo a una veintena de personas, y que, tan pronto como los técnicos municipales detectaron que el propietario ha ido realizando ampliaciones, “desde el Ayuntamiento se ha actuado con la debida diligencia, siempre respetando los plazos, procedimientos y derechos de todas las partes, y prueba de ello es que fruto de las visitas, inspecciones y requerimientos municipales el propietario ha gestionado su traslado a otro lugar, que, según ha comunicado por escrito y consta en el expediente, se producirá en un plazo de 30 días”.
Además y mientras este se produce, y también por exigencia de los técnicos municipales, “ha tenido que adoptar una serie de medidas correctoras, entre las que se encuentra la no utilización de gasoil como combustible desde diciembre de 2013, así como la posterior retirada del depósito, también consecuencia de una inspección municipal, y que tampoco se encontraba en funcionamiento desde esa fecha”. Ha puntualizado al respecto que además se da la circunstancia de que la actividad contaba con la preceptiva autorización de la Delegación en Huelva de la Consejería de Industria.
En ningún caso, aseguró el primer edil, “ha habido consentimiento, ni omisión, ni dejadez, sino más bien lo contrario, tan pronto como los técnicos constataron que la ampliación podría ser irregular, se le comunicó al propietario instándole a tomar medidas y realizando numerosas visitas e inspecciones, hasta que este comunicó el cese de la actividad y su traslado a otro municipio”. Además, y mientras se agotan los plazos para que este hecho finalmente se produzca, puesto que solicitó entre 30 y 40 días para hacerlo, “se ha ido comprobando en las sucesivas inspecciones realizadas que se han adoptado las medidas correctoras exigidas, y aún así no han parado las inspecciones y visitas”.
Por otra parte, señala el alcalde que la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía también realizó una visita de inspección al lugar y dictó la resolución pertinente, con lo que “las administraciones en ningún momento hemos actuado con dejadez, pero tenemos que respetar los derechos de todo el mundo, máxime cuando el propietario del establecimiento tiene licencia inicial para su actividad, en la que emplea a una veintena de personas, y hay aspectos denunciados por la comunidad que no se pueden acreditar fehacientemente con datos objetivos, según los informes de los técnicos municipales”.
El primer edil ha querido dejar claro, además, que “en ningún momento he puesto problema alguno ni me he negado a recibir a los vecinos de la comunidad, que tienen las puertas de mi despacho abiertas para explicarles la situación, porque en todo momento hemos obrado como corresponde a una administración pública que debe conciliar los derechos de todos los ciudadanos”. Puntualiza al respecto que “vinieron a verme los representantes de la comunidad y los recibí, como hubiera recibido a todos”.
Finalmente, Polo ha criticado “el oportunismo político del portavoz socialista”, al que acusa de “apuntarse a todo lo que va contra el Ayuntamiento, buscando en todo momento únicamente desprestigiar a una institución que representa a todos los ciudadanos”. “Buena prueba de ello, -según el primer edil-, es el hecho de que primero ha mandado la nota de prensa, y luego ha venido al Ayuntamiento a pedir información, lo que pone de manifiesto su verdadera intención de solucionar las cosas y su auténtica preocupación por los vecinos”.
Además, el portavoz del Equipo de Gobierno, Gabriel Maestre, ha aclarado que “en ningún momento he dicho que la actividad sea ilegal, le expliqué a los vecinos que el Ayuntamiento había abierto el correspondiente expediente administrativo y estaba estudiando si se encontraba o no en una situación irregular, para esclarecer las posibles responsabilidades de esta actividad, si las hubiere. Les dejé claro que se había actuado en todo momento como se actúa procedimentalmente en estos casos, con todas las garantías necesarias para que no se pueda producir en ningún caso una indefensión por ninguna de las dos partes”.
