La Delegación territorial de Educación Cultura y Deporte rechaza de plano la falta de rigor documental de los argumentos expuestos en los últimos días sobre la Corta Atalaya y resalta el compromiso inequívoco de la Junta de Andalucía con la protección del patrimonio minero de la provincia, habiendo impulsado en los últimos años la inscripción en el Catálogo General de Patrimonio no sólo de la Zona Patrimonial de la Cuenca Minera de Riotinto-Nerva, declarada Bien de Interés Cultural, que afecta a los municipios de Minas de Riotinto, Nerva y El Campillo y a otros hitos del patrimonio minero provincial como la Cuenca Minera de Tharsis o el Puerto de la Laja, constituyendo en la actualidad, la provincia con más patrimonio minero protegido de la comunidad andaluza.

La consecuencia directa de esta declaración, tal y como lo marca la ley es la protección jurídica de la que se ha dotado a la Corta Atalaya que obliga a sus propietarios y titulares de los derechos mineros a su conservación en los términos recogidos en el artículo 14.1 de la vigente Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía. En este sentido, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través de la delegación territorial en Huelva ha condicionado la explotación minera a la conservación patrimonial presente en la Corta Atalaya y en los yacimientos arqueológicos tal relevantes como la necrópolis romana. De hecho, la Comisión Provincial de Patrimonio ratificó el pasado julio, la posición sostenida por el gobierno andaluz en un informe emitido sobre el Plan de restauración del proyecto minero, que se condiciona a la conservación de los valores patrimoniales, entre otros de la Corta Atalaya durante todo el proceso de explotación.

El delegado territorial de Educación, Cultura y Deporte, Vicente Zarza, entiende que la declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Patrimonial, no sólo salvaguarda el legado cultural existente en uno de los principales enclaves históricos de la minería europea sino que apoya con gran fuerza el potencial turístico de la comarca minera. Asimismo, se ratifica en su compromiso con el desarrollo de la actividad minera en la comarca.

Por consiguiente, la Junta de Andalucía ha sentado las bases para la protección de este Patrimonio y le ha dotado de un régimen jurídico que obliga a la propiedad a su conservación habiendo exigido en todas sus actuaciones su cumplimiento, en el contexto del Proyecto de explotación minera, de forma inequívoca.