La Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), ha emitido una resolución por la que pide a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) el reintegro de una ayuda recibida por valor de 10,1 millones, toda vez que dicha empresa habría efectuado una inversión antes de recibir la subvención, algo prohibido por la orden de subvenciones.

Fuentes de la Junta han indicado a Europa Press que se abrió un procedimiento administrativo, en el que se dictó una primera resolución pidiendo el reintegro en enero de este año, y la segunda resolución, de carácter firme, se ha dictado este verano.

Dicho procedimiento se abrió a raíz de que los verificadores comprobaron que se había efectuado una inversión antes de que fueran concedidas las subvenciones correspondientes, por valor de 10,1 millones de euros.

Las fuentes han recordado que la orden de subvenciones prohíbe que haya una inversión iniciada antes de recibir las ayudas públicas correspondientes.

Asimismo, también ha reconocido que la inversión efectuada con anterioridad «es mínima» en comparación con la subvención recibida, de 10,1 millones de euros, y de la inversión total prevista, cifrada en 200 millones de euros, y que supondrían la creación de varios centenares de puestos de trabajo.

Tras verificar esa situación, la Junta ha emitido la resolución por la que se solicita el reintegro de la totalidad de la subvención.

Según publica ‘El Mundo’ en una nota, la Junta ha solicitado el reintegro de la totalidad del incentivo más los intereses acumulados, de forma que la suma total exigida asciende a 11.832.868,4 euros.

Este diario ha indicado que es irregular que la compañía solicitara el incentivo con el proyecto puesto en marcha. El 14 de enero IDEA firmó una resolución en la que declaró la obligación de reintegrar a la Junta la suma de 11,8 millones por parte de Matsa. La empresa recurrió pero el pasado 2 de junio IDEA desestimó el recurso de Matsa, por lo que la segunda resolución tiene carácter firme.

REACCIONES

MATSA

La Mina de Aguas Teñidas (Matsa) ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la resolución de la agencia IDEA por la que pide a esta empresa el reintegro de una ayuda recibida por valor de 10,1 millones, toda vez que dicha empresa habría efectuado una inversión antes de recibir la subvención, algo prohibido por la orden de subvenciones.

En un comunicado, la compañía explica que dicha resolución, que obliga a la empresa al reintegro de esa cantidad, más 1,7 millones de euros en concepto de intereses, ha sido recurrida por Matsa al entender que «no queda acreditado que se hayan iniciado los trabajos antes de la fecha debida y que en el expediente de la Intervención General no se han cumplido los trámites correspondientes», un recurso que se interpuso el pasado 1 de julio al considerar que «se cumplían los requisitos».

De forma paralela a esta interposición, actualmente la compañía está efectuando los pagos a cuenta de la devolución requeridos por la agencia IDEA. Además, asegura que la empresa ha depositado en el juzgado una garantía por el importe total a devolver que, de ser aprobada por el juzgado, sustituiría los pagos que actualmente se están realizando.

Minas de Aguas Teñidas considera que «no queda probado que los trabajos de la planta se iniciaran antes de la fecha debida, siendo este el único motivo por el que se solicita el reintegro de toda la ayuda», indicando además que en el expediente de la Intervención General de la Junta de Andalucía se confirma que la ayuda se destinó íntegramente a la construcción de la planta y que se han generado y mantenido los puestos de trabajo requeridos.

Del mismo modo, argumentan que, a pesar de ser el principal motor de desarrollo de la comarca, las ayudas recibidas por Matsa, incluida ésta, «no llegan al tres por ciento de su inversión en la zona que asciende a 600 millones de euros».

En cuanto a la subvención, detallan desde Matsa que la compañía solicitó en el año 2007 un incentivo a la agencia IDEA para la construcción de una planta de tratamiento de mineral que construiría en el término municipal de Almonaster La Real para la reapertura de la explotación minera, y dos años más tarde, en febrero de 2009, la agencia aprobó la ayuda por importe de 10,09 millones de euros para la construcción de la planta cuya inversión final ha superado los 120 millones.

El año pasado, la Intervención General de la Junta inició un expediente de control sobre dicho incentivo en el que reconoce que la ayuda se destinó íntegramente a la construcción de la planta de tratamiento de mineral y además concluye que la empresa «cumplía los criterios de selección para ser beneficiaria de la ayuda».

A su vez, remarcan que «se han creado y mantenido más de 170 puestos de trabajo indefinidos, como se requería; todas las facturas se han emitido dentro del periodo de subvencionalidad; se han pagado todas a todos los proveedores y éstas guardan relación con el proyecto y con las actividades subvencionadas».

Por lo tanto, concluyen que la empresa «cumplía con todos los requisitos para ser beneficiaria de la ayuda y la misma fue empleada en su totalidad para la construcción de una planta de tratamiento de mineral de las más modernas del mundo, que da empleo hoy a unas 3.000 personas».

ANTONIO MAÍLLO (IU)

El coordinador de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha afirmado este lunes que «es lo que se debe hacer» la Administración andaluza en relación a la resolución de la Junta por la que pide a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) el reintegro de una ayuda recibida por valor de 10,1 millones, toda vez que dicha empresa habría efectuado una inversión antes de recibir la subvención, algo prohibido por la orden de subvenciones.

Preguntado al respecto en rueda de prensa, Maíllo ha indicado que el Gobierno andaluz «no es heredero del anterior ni está actuando como los anteriores». «Ahora desde que está IULV-CA se fiscaliza y se mandan expedientes a la Cámara de Cuentas para que se compruebe la legalidad de las ayudas».

Así, Maíllo ha insistido en que «un gobierno tiene que hacer cumplir la norma y frente a quien no ejecutó las ayudas de acuerdo a los fines, debe responder con contundencia».

En este sentido, ha apuntado en que «hay que seguir con esta línea» y, por tanto, «salvaguardar a los que actuaron bien y caer todo el peso de la ley en aquellos que no cumplieron los fines de las ayudas».

«Este planteamiento es coherente con el planteamiento de IU, que quiere que se sepa la verdad y que se fiscalicen todas las ayudas que se dieron», ha cerrado.

DIEGO VALDERAS (IU)

El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha afirmado, sobre la petición de devolución de una ayuda de 10,1 millones a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) concedida durante el mandato de Manuel Chaves, que la entidad no ha cumplido «todos los trámites» del procedimiento y que, por tanto, «este Gobierno, de nuevo tiempo político, reclama el reintegro, que es lo que tiene que hacer para salvaguardar el interés general del erario público».

A preguntas de los periodistas tras firmar un protocolo de colaboración en materia de cooperación al desarrollo con Cepes-A, Valderas ha reconocido que las ayudas fueron «controvertidas» en su momento, al trabajar la hija de Chaves como apoderada de esta empresa, y ha apuntado que ahora se constata que en el procedimiento «no se cumplieron todos los trámites, por lo que el Gobierno andaluz tiene que proceder a reclamar su devolución».

El número dos del Ejecutivo andaluz ha insistido en que el Gobierno del que forma parte pide la devolución de esta ayuda «como lo hace también con otros tantos reintegros» que se están solicitando para «salvaguardar el interés general del erario público andaluz».

Por su parte, el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha señalado este lunes que el hecho de que se pida una devolución a una empresa «no quiere decir que haya actuado nadie ilegalmente», puesto que, como apunta, «a veces se solicita para la ejecución de una obra que luego no se lleva a cabo», y por tanto, «la Administración autonómica pide la devolución del dinero».

A preguntas de los periodistas tras la firma en Sevilla de un convenio con el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), César Muro, De Llera ha añadido que dicha subvención no forma parte de sus competencias y que, por tanto, habría que preguntarle al consejero que la concedió en su momento.

SUSANA DÍAZ (PSOE)

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha destacado este lunes que se va a aplicar «los mismos parámetros de legalidad» a la compañía Minas de Aguas Teñidas (Matsa) que a «todas las empresas».

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas en Segura de la Sierra (Jaén), después de que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) haya emitido una resolución por la que pide a la citada empresa el reintegro de una ayuda recibida por valor de 10,1 millones, toda vez que habría efectuado una inversión antes de recibirla, algo prohibido por la orden de subvenciones.

«Vamos a actuar siempre con los mismos parámetros de legalidad con todas las empresas y lo que entiendan los servicios jurídicos, las distintas consejerías, que no es conforme a la subvención para la que fue entregada, lógicamente, se va a reivindicar y pedir el reintegro», ha manifestado.

En esta línea ha incidido al ser cuestionada por si se podría haber cometido alguna irregularidad, de modo que ha afirmado que no tiene «por qué entender nada», sino hacer lo que debe y «actuar en el marco de mis competencias y normativas».

«Y si hoy esa subvención no se corresponde con los requisitos para la que se dio hay, evidentemente, que solicitar el reintegro y lo voy a hacer. Y además, lo voy a hacer siempre y sin ningún distingo a ninguna empresa», ha zanjado la presidenta.