El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto de oficio una queja dirigida a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para que «favorezca la regulación del mayor número posible» de profesionales en el sector de la ayuda a domicilio de personas dependientes, otorgándoles la correspondiente acreditación profesional para que «puedan desempeñar su trabajo en plenitud de derechos y obligaciones legales».
En el texto de la iniciativa, consultado por Europa Press, la Defensoría afirma que ha tenido conocimiento, a través de la recepción de una serie de escritos de queja, del problema existente para los auxiliares de ayuda a domicilio, tras la publicación de la Orden de pasado 1 de abril 2014, del departamento que dirige Luciano Alonso, «ante la imposibilidad de continuar realizando» el trabajo propio de su categoría profesional, «al no haber conseguido la acreditación correspondiente en base a lo establecido en la citada Orden».
Mediante la misma, continúa, «se convoca para el año 2014 el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, para determinadas unidades de competencia de diversas cualificaciones profesionales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía».
La Oficina del Defensor apunta que «para conseguir la acreditación profesional, según la citada Orden de 1 de abril de 2014, se requiere, en un determinado periodo de tiempo antecedente, en el caso de experiencia laboral justificar un mínimo de 2.000 horas de trabajo efectivo y, para el caso de formación no formal, un mínimo de 300 horas».
La cuestión, prosigue la Defensoría, se concreta «en la insuficiencia» del número de plazas convocadas para conseguir las acreditaciones para la referida categoría profesional, «3.000 plazas para toda la comunidad», cuando «se estima que son más de 27.000 los profesionales de ayuda a domicilio existentes en Andalucía pendientes de acreditación, los cuales, o no podrán seguir trabajando, o tendrán problemas para su contratación de no conseguir dicha acreditación». «El nivel de corte se sitúa en 38 puntos», añade.
Así, el Defensor afirma que si no se obtiene la acreditación de las competencias profesionales, «se impide trabajar legalmente en el sector correspondiente», con la consiguiente «limitación» para el sector, «no sólo para las empresas, para que puedan encontrar los profesionales necesarios y debidamente regularizados, sino para estos de poder tener acceso y conseguir un empleo digno, así como la garantía de la calidad asistencial de las personas dependientes atendidas».
En la iniciativa se precisa que la solución que se propone por los afectados es que el proceso de acreditación «alcance al mayor número posible de solicitantes, incrementando el número de plazas convocadas para esta profesión hasta acercarse al número de personas que actualmente desarrollan estas funciones en el sector».
Por ello, el Defensor andaluz ha iniciado una actuación de oficio para trasladar la problemática descrita a la Consejería de Educación, promotora de dicha convocatoria, «a fin de conseguir que por parte de la Administración se favorezca la regularización del mayor número posible de profesionales, otorgándoles la correspondiente acreditación profesional para que puedan desempeñar su trabajo en plenitud de derechos y obligaciones legales, y para evitar de esta forma la proliferación de una actividad laboral irregular, fundamentalmente en el sector privado y familiar».
