La petición oficial al Gobierno por parte de Endesa para proceder al cierre de dos de sus plantas de ciclo combinado, una de ellas la situada en la Punta del Sebo en Huelva, ha causado una gran conmoción en parte del mundo político y sindical de la provincia que, tras lo ocurrido con Ence, teme que nos encontremos en un proceso imparable en el que la industria de la provincia se vaya desmantelando de manera paulatina, cayendo como fichas de dominó, una detrás de otra.

Pero decimos que la conmoción se ha dejado sentir en parte del mundo político y sindical porque hay fuerzas políticas, como Izquierda Unida, y movimientos sociales, como la Mesa de la Ría, que consideran que es una gran ocasión para que esa planta, contra cuya apertura batallaron en su momento, dé el cerrojazo de una vez. Eso sí, desde la coalición que lidera Pedro Jiménez se deja bien claro que el cierre no tiene el porqué llevar aparejado la pérdida de los puestos de trabajo, que deberían ser absorbidos por una empresa de las dimensiones de Endesa.

Tampoco la unanimidad ha sido dominante en los sindicatos. Mientras que desde UGT se anuncian movilizaciones de confirmarse el cierre de la planta de ciclo combinado, en CCOO el tema no ha merecido ni una nota de prensa.

En rueda de prensa, y preguntado por este asunto, el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez ha recordado que el Ayuntamiento se opuso a esta obra al considerarla «ilegal urbanísticamente hablando» y porque el objetivo del Consistorio es que se ubicara en otro sitio para la recuperación de la Punta del Sebo.

El primer edil ha señalado que «hubo una manifestación por ello» y remarca que si al cabo de nueve años, cuando el caso llegó incluso a los tribunales, «la empresa habla de cerrar pues me quedo estupefacto».

«Si tan importante era esa construcción, incluso en contra del Ayuntamiento, cómo es que ahora no hace falta», se ha preguntado el alcalde de la capital.

IZQUIERDA UNIDA

También en Izquierda Unida se ha argumentado por el contrasentido que supone pedir el cierre de una planta que tanta polémica creó. Al respecto, Pedro Jiménez ha subrayado que es «necesario saber el verdadero alcance que tiene la propuesta de Endesa y de qué manera influirá la decisión gubernativa en la central y los terrenos que ocupa en la Punta del Sebo», ha informado la formación en una nota.

Pedro Jiménez ha subrayado que, en cualquier caso, «no sería aceptable la especulación sobre la central térmica», a lo que ha añadido que «el escenario ideal pasa por garantizar la recolocación de los trabajadores, respetar sus derechos laborales y luego proceder a su clausura».

Para el coordinador provincial resulta «paradójico» que Endesa y el Gobierno «hicieran caso omiso al grito de toda una ciudad que dijo alto y claro que Huelva no quería esa central en la Punta del Sebo y que ahora sea una decisión unilateral de la empresa la que facilite su cierre».

PSOE Y PP

Socialistas y populares han iniciado lo que parece una polémica dialéctica muy similar a la que ocurrió con Ence.

El presidente provincial del PP, Manuel Andrés González, ha remarcado que «Huelva no puede aguantar el cierre de más empresas de grandes dimensiones que generan empleo y riqueza», por lo que cree que el actual es «el momento de que todas las fuerzas políticas naveguen en la misma dirección para evitar estos cierres».

En este sentido, ha insistido al PSOE para que «se deje de demagogia y del doble discurso en las instituciones y en el partido porque la ciudadanía demanda la unión y el PSOE no puede romperla por un puñado de votos».

Por su parte el presidente de la Diputación y secretario provincial de los socialistas, Ignacio Caraballo,  ha indicado que a su juicio, esta circunstancia demuestra dos cosas: «La primera es que eso que dice el Gobierno que estamos saliendo de la crisis se ve que es imposible, fruto de que la economía de España no tira porque no hay consumo, y no se necesita la planta de Huelva», y la segunda es que «todo esto es fruto de la política energética del Gobierno».

Al respecto, ha insistido en que «ni de una forma ni de otra somos capaces de asentar la energía ni en Huelva ni en España y tenemos que hacer reflexión sobre para qué ha servido la reforma laboral y la reforma energética, que a la provincia están machacando».

Por último, ha remarcado su preocupación por los trabajadores, ya que «Huelva está en una situación muy difícil, tras el mazazo de ENCE», porque, ha añadido, «aunque se trate de un solo trabajador, para Huelva este cierre significa un paso atrás».

Por ello, ha abogado por realizar «un esfuerzo para que ni una industria más se vaya de Huelva», ha concluido el presidente de la Diputación onubense.

El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Fiscal, también ha lamentado que «la política energética del Gobierno sea tan errática, que se equivoque siempre» y el secretario de Organización de los socialistas onubenses, Jesús Ferrera, ha mostrado su preocupación por los casi 200 puestos de trabajo que se podrían perder.

Ferrera ha señalado que tanto la reforma laboral como la energética «están acabando con las familias de Huelva y destrozando el tejido industrial y productivo de la provincia», momento en el que ha recordado el cierre de ENCE que «dejó a 3.000 personas sin empleo».

En esta línea, el dirigente socialista ha hecho hincapié en «la necesidad» de que Huelva «tenga un plan especial de empleo porque lo único que obtiene son datos de desempleo y el desmantelamiento de empresas». Por ello, ha remarcado que «el PP no puede mirar más para otro lado» ante esta situación.

Por ello, ha pedido al PP que «haga un esfuerzo y traslade al Gobierno central que el plan de empleo en Huelva es urgente porque no se puede estar perdiendo puestos de trabajo cada dos y tres meses», indicando además que «la provincia necesita la colaboración del Gobierno de la nación porque mucha gente lo está pasando muy mal».