El concejal de Izquierda Unida Juan Manuel Arazola ha denunciado la afición ocultista del equipo de Gobierno que preside Pedro Rodríguez, que “no tiene otra ocurrencia que enviarnos la documentación, incluyendo informes jurídicos, tachada. Y para colmo utiliza como tachón las siglas de IULV-CA en mayúsculas”.

Arazola asegura que “esta es una nueva modalidad de ocultismo informativo. Anteriormente ha dificultado la lectura de informes y documentos utilizando la denominada letra-lupa, imperceptible para el ojo humano a no ser que use carísimos instrumentos ópticos”. Este comportamiento es habitual en el Partido Popular y se une a la entrega de documentación importante fuera de plazo o incluso instantes antes de ser debatida y aprobada en el Pleno, subraya IU.

MOCIÓN

Por otra parte, el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Pedro Jiménez, trasladó a la sesión las peticiones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y las exigencias laborales de los 30 trabajadores recolocables de Astilleros. Ambas propuestas recibieron el apoyo unánime del plenario

Juan Manuel Arazola denuncia la entrega de documentos tachados e ilegibles por parte del Equipo de Gobierno, que dificultan la fiscalización y control de la gestión de la Alcaldía por parte del Grupo Municipal de IU.

Poco a poco, pleno a pleno, el trabajo de la Plataforma Anti Desahucios (PAH) va dando sus frutos en Huelva para aliviar un drama que cada día se escenifica y se hace real en 1,6 casas o negocios de la provincia. El Pleno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado por unanimidad (PP, PSOE, Izquierda Unida y concejal no adscrita) una moción que el Grupo Municipal de Izquierda Unida llevó a la sesión a petición de la PAH y que pedía al Consistorio que inste a la Agencia Tributaria Estatal, a la Agencia Andaluza Tributaria, a la Tesorería de la Seguridad Social y a la Diputación a regular el levantamiento de embargos en los casos en los que el bien embargado sea la vivienda habitual y esta situación impida la dación en pago del inmueble.

Tras un sonoro ‘Sí se puede’ entonado por el portavoz de Izquierda Unida, Pedro Jiménez, y respondido a coro por el público, entre los que estaban numerosos miembros de la PAH, los 27 concejales respaldaron la propuesta de IU en una semana que culminará en la concentración organizada por las Marchas de la Dignidad, un colectivo que ha marcado en el “Techo, pan y trabajo”, sus objetivos de movilización ciudadana.

El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida ha valorado el consenso obtenido y resalta que “estas son las mociones que nos piden los ciudadanos, que sean útiles para evitar en lo posible el drama de perder una vivienda, un hogar”.

Precisamente otra moción de Izquierda Unida que abordó los problemas laborables de los trabajadores recolocables de Astilleros volvió a contar con el respaldo unánime. Esta vez, Pedro Jiménez llevó a la sesión la propuesta de que el Ayuntamiento inste a la Junta de Andalucía a cumplir los acuerdos firmados con los trabajadores y la naval para que se contrate de manera inmediata a los recolocables. A juicio de Jiménez, “es un buen momento para que el Ayuntamiento se implique en este objetivo, ya que está en proyecto aumentar la carga de trabajo de la actual propietaria de la factoría (Cotnsa) con la construcción de varios sardineros”.

Finalmente, el equipo de Gobierno del Partido Popular rechazó la propuesta de Izquierda Unida que reclamaba el apoyo del Ayuntamiento a las Marchas de la Dignidad que están teniendo lugar durante esta semana y culminarán con una manifestación el próximo sábado. La marcha partirá a las doce del mediodía del Centro Social Los Desniveles, en el barrio de La Orden, y llegará a las carpas de la Avenida Andalucía, donde coincidirá con una actividad de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Huelva.

El Grupo de Izquierda Unida se opuso también a la prórroga del contrato de gestión (privatización) del horno crematorio e incinerador del cementerio de La Soledad. La alternativa de Izquierda Unida es la prestación directa de este servicio por parte del Consistorio sin la intervención de una empresa privada.