(Texto: Asaja-Huelva) De nada sirvieron las gestiones de Asaja-Huelva ni la petición unánime que los agricultores onubenses realizaron durante la visita del secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, el pasado 5 de diciembre. El Gobierno ha hecho oídos sordos a las necesidades de los 500 agricultores de la provincia de Huelva, concretamente los titulares de explotaciones situadas en los términos municipales de Gibraleón, Aljaraque y Huelva capital, que con la nueva PAC perderán cientos de miles de euros en ayudas con la consiguiente pérdida de rentabilidad de las explotaciones afectadas debido a la reducción de las percepciones de Ayudas PAC que históricamente fueron en justicia reconocidas en el año 92.
El último borrador del Real Decreto sitúa finalmente a estas explotaciones en la comarca de la Costa una comarca agraria de referencia cuyos baremos establecidos fijaban unos rendimientos menores de los que realmente se daban en la agricultura de estos municipios, que en el año 92, tras las negociaciones emprendidas por Asaja-Huelva, fueron asignadas a la comarca del Condado-Campiña, con unos rendimientos más acordes al modo de producción de las localidades mencionadas.
Asaja-Huelva lamenta profundamente que el Gobierno haya dado la espalda a sus propios administrados y que simplemente haya mirado hacia otro lado en esta cuestión, como también critica la falta de actuación de la Junta de Andalucía, que debería haber dado traslado al Ministerio de la petición que Asaja-Huelva, con el apoyo de todas las organizaciones agrarias, presentó en su momento ante la Consejería de Agricultura, algo que era parte fundamental para la solución de este problema tal y como prevé el procedimiento administrativo.
Por otro lado, Asaja critica que la Comisión Europea no sea capaz de mantener su propia iniciativa para legitimar a los destinatarios de la PAC e insta al Magrama a mantener sus criterios sobre el agricultor activo, y que tanto en las circulares de desarrollo de los reales decretos como en los controles pertinentes se garantice que los fondos PAC se destinen a los profesionales agrarios que desarrollan una actividad productiva efectiva.
La definición de agricultor activo, tal y como la ha venido defendiendo el Ministerio, con el apoyo de las organizaciones agrarias y de las autonomías sigue siendo, en opinión de Asaja, no solo perfectamente válida, sino de aplicación directa y obligada para la inmensa mayoría de los futuros beneficiarios, y solo a título excepcional y superando estrictos controles que justifiquen su admisibilidad se incluirían a los eventuales preceptores que no cumplan con la norma establecida de obtener una parte de los ingresos agrarios directamente del mercado para acceder a los Pagos Directos de la PAC.
Asaja considera que existen herramientas suficientes en la reglamentación comunitaria (condicionalidad y pago verde, exclusión por creación de condiciones artificiales, presencia de ganado en los pastos, asunción de riesgo empresarial, etc.) que permiten asegurar que quien se encuentra dentro del nuevo sistema de Pagos Directos realiza una actividad productiva o temporalmente de mantenimiento de la explotación, alejando o al menos haciendo más difícil que aquellos que no realizan actividad al frente de la explotación ni asumen ningún riesgo empresarial puedan cobrar fondos públicos de la PAC.
