El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha informado este martes de que la Junta de Andalucía ha puesto en manos de la Fiscalía las «posibles irregularidades» que hayan podido producirse en el Consorcio de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades) de El Rocío después de haber realizado una labor de control en todos y cada uno «de los expedientes del periodo 2008-2013».
Así lo ha desvelado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras ser cuestionado por el presunto desvío de una partida de 6.555 euros cuyo fin era la formación en este Consorcio durante 2009 y que, supuestamente, fue a parar a la cabalgata de Reyes Magos de ese año.
Según ha explicado Vázquez, la Junta de Andalucía ha realizado «una labor de control que no ha hecho ningún gobierno en ninguna otra administración» sobre los Consorcios de Formación y, en «aquellos que entendemos que no han sido bien gestionados, las conclusiones de ese control han sido puestas en manos de la Fiscalía para que investigara las posibles irregularidades».
Es el caso del Consorcio Medioambiental de Almonte, el «único» en el que la Junta ha detectado «irregularidades» y ante el que, por tanto, procedió a pedirle el reintegro de la misma.
Sobre la fecha del escrito de la Junta a la Fiscalía, fuentes de la Junta han indicado a Europa Press que fue en el año 2012 siendo Antonio Ávila consejero de Economía, Innovación y Ciencia.
«Actuamos de manera ejemplar y si detectamos alguna actuación que no sea regular o para el fin que estaba previsto, se reclama el reintegro. En caso de que la irregularidad tenga algún tipo connotación, sea cual sea la entidad, se pone en manos de la Fiscalía para que actúe», ha subrayado al respecto el portavoz del Gobierno, que ha defendido que el Ejecutivo autonómico «actúa con contundencia, ejemplaridad y, sobre todo, con toda transparencia».
Cuestionado sobre qué posibilidades tiene la Junta de recuperar ese dinero si el Consorcio ya está extinguido, ha pedido «dejar trabajar» tanto a la Administración autonómica como a la justicia, ya que eso forma parte de su labor.
Vázquez también ha querido señalar que, «más allá de los errores que se hayan podido detectar» en el funcionamiento de los Consorcios, la Junta lleva tiempo trabajando «para mejorar sus prestaciones y, sobre todo, para garantizar por un lado la formación y, por otro, la estabilidad de los profesionales».
En ese sentido, ha ensalzado el cambio en el modelo de gestión de los consorcios, que una vez evaluados y comprobado que «reúnen las condiciones para seguir trabajando», han pasado a depender de la Agencia Pública andaluza para la Educación y la Formación.
