El pasado mes de octubre Fernando Bejerano (Secretario de Organización de IU) ya advirtió en “El Debate” de Doñana TV el impacto que tendría la presumible subida de los valores catastrales que el Gobierno de Mariano Rajoy estaba planificando para 2015. En el mismo señaló el fuerte impacto que tendría sobre el bolsillo de los ciudadanos de Almonte una subida de este tipo.
Tras hacerse público el pasado 30 de diciembre de 2014 en el BOE la Ley 36-2014 de 26 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el 2015, en la que se recoge en su art.62 la actualización de los valores catastrales para todo el Estado, esta modificación hace que a Almonte le corresponda una subida del 10% , «cuyo objetivo no es hacer inversiones, política social y laboral, sino recaudar a los ciudadanos para pagar la deuda contraída tras el rescate financiero».
Desde la Asamblea de IU a través de su Concejal-Portavoz Daniel Martínez se ha presentado una propuesta de actuación al gobierno local en la que se insta a la modificación del coeficiente local que permita amortiguar la subida del 10%. La iniciativa consistiría en el cambio del art.2-a de la ordenanza fiscal 3-02, dejando el porcentaje en el 0,66% y no en el 0,73% que está actualmente en vigor. Con la reducción del coeficiente local al 0,66% se compensaría la subida del 10% que el gobierno de Rajoy ha aplicado en los recibos de todos los vecinos para 2015.
Para Izquierda Unida de Almonte esta subida supone un grave problema no sólo para el bolsillo de los ciudadanos, sino para la economía local. Con la actual situación de crisis económica, «que el gobierno central no ha sido capaz de resolver», la subida del IBI propuesta por Rajoy deja a las familias almonteñas con menos recursos económicos para llevar a cabo una vida medianamente digna. Además los comercios locales también verían afectadas sus ventas al dedicar las familias más dinero para pagar el IBI.
Por todo ello la Asamblea de Izquierda Unida ha realizado esta propuesta en la que se insta al gobierno local a modificar la ordenanza para que la subida no afecte a la población.