La Mesa de la Ría ha presentado en el día de hoy una denuncia ante la jurisdicción penal contra la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero Cuadrado, por un presunto delito de prevaricación en la forma de “comisión por omisión”.

Los hechos denunciados se refieren al expediente sancionador que la Administración Andaluza debía haber incoado contra el ex Delegado Provincial del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, por una vulneración de la Ley 3/2005, de incompatibilidades de Altos cargos de la Administración de Andalucía, ya que pasó a formar parte de la plantilla de Fertinagro como Director de Relaciones Institucionales cuando apenas habían transcurrido seis meses desde su cese como Delegado Provincial, cuando en función de lo que establece la citada ley, debió dejar transcurrir dos años.

La Mesa de la Ría, tras haber presentado ante la Junta de Andalucía un total de tres escritos (dos de denuncia y un tercero solicitando información sobre la tramitación de la misma), tiene la sospecha de que la autoridad competente para la incoación del expediente sancionador (la Consejera de Hacienda y Administración Pública) ha dejado transcurrir el tiempo indebidamente, y a sabiendas, en espera de que la infracción prescribiera, lo que presuntamente sería constitutivo de un delito de prevaricación en la forma de comisión por omisión (cometido por incumplir su obligación legal de actuar).

Fertinagro que ha pasado a denominarse Nutrifeed Forte, es la nueva empresa que se ha instalado en la Punta del Sebo y que recibió subvenciones de la Junta de Andalucía por parte del denunciado cuando era gestor público, además, de una fraudulenta autorización ambiental para instalarse en terrenos sin descontaminar que fueron abandonados por el empresario de NILEFOS, hecho investigado por la Comisión Europea ante denuncia de Mesa de la Ria.

La Mesa de la Ría ha denunciado que mientras el capital social de NUTRIFEED FORTE S.L. asciende a 3.100.000 €., como se puede apreciar en diversos informes mercantiles por internet, las subvenciones públicas recibidas por la empresa durante el periodo que el Sr. Manuel Alfonso Jiménez fue Delegado en Huelva del Gobierno Andaluz suponen el 86,63% del capital social de la empresa, en concreto 2.500.000 €., más los 185.555 €. de incentivos por cursos de formación a trabajadores que no constan que se hayan impartido, algo que debería alertar a las autoridades que, en cambio, contra el deseo de los ciudadanos, la legislación y los acuerdos de 1991, impusieron esta nueva industria contaminante desde el Co-gobierno PSOE-IU.

Desde la Mesa de la Ría, consideramos que es una muestra más de la dependencia y relación de connivencia del poder político que dirige esta ciudad con respecto a las empresas contaminantes del Polo Industrial. Esta circunstancia, que viene siendo puesta de relieve desde hace más de una década por esta organización definiéndola con el término “mafia química”, es la culpable de que Huelva y sus ciudadanos se encuentren a merced de un poder en la sombra, que no es representativo ni ha sido elegido por los onubenses, y que son los culpables de que nos encontremos a la cabeza de los índices de enfermedades, subdesarrollo y de desempleo en Andalucía, ya que los políticos que se someten a estos lobbys suelen velar principalmente por los intereses comerciales y empresariales de este tipo de industrias incumplidoras reiterativamente de la Ley, pues quienes tienen la obligación de hacer que las acaten, en casos como el denunciado se dedican a mirar para otro lado.