Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil han culminado pasadas las 14,00 horas de este viernes el registro iniciado poco antes de las 8,00 horas de esta jornada en la sede la Diputación de Huelva, a raíz de una denuncia interpuesta por dos particulares relacionada con subvenciones supuestamente ilegales sobre el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en la Entidad Local Autónoma (ELA) de Tharsis, perteneciente al municipio de Alosno.

Sobre esa hora, los agentes salían por la puerta trasera del ente provincial portando cajas en las manos con los documentos requisados.

Durante el mismo, según ha informado en declaraciones a los periodistas el portavoz del equipo de gobierno de la Diputación onubense, los agentes han investigando expedientes en el departamento relacionado con la gestión del PFEA, Intervención y Personal, y ha insistido en que «por el momento no han habido detenciones ni se espera que las haya».

Al respecto, Martín ha mostrado, por parte de los trabajadores de la Diputación y por la propia institución, «máxima colaboración» con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para facilitar toda la documentación que se requiera, y ha remarcado que la Diputación «ha realizado todo el trabajo conforme a norma y de una manera pulcra».

Martín ha precisado que esta mañana se han vivido «momentos de cierta tensión», lo que le ha parecido «tal vez un exceso porque Diputación como institución jamás va a tener ninguna dificultad a la hora de poner a disposición cualquier documentación», no obstante asegura que «a quien le toca valorar esto es al juez».

A su vez, preguntado por si han registrado los agentes de la Policía Judicial expedientes de otros municipios, Martín ha precisado que, «en todo caso, se estará llevando a cabo una especie de test para ver el procedimiento no porque haya ninguna sospecha de irregularidades concretas».

Por su parte, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, el Juzgado de Instrucción número 2 de Valverde del Camino ha ordenado este viernes entradas y registro en la sede de la Diputación y en la del Servicio Público de Empleo Estatal, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en ayudas y subvenciones públicas.

La investigación que lleva a cabo la Policía Judicial por orden judicial se inició hace aproximadamente un año a raíz de una denuncia de dos ciudadanos particulares sobre contrataciones de un trabajador y de materiales de construcción en el citado municipio onubense.

SECRETO DE SUMARIO

La investigación judicial, que se encuentra bajo secreto de sumario, trata de determinar si se han podido llevar a cabo contrataciones de forma irregular con cargo a ayudas y subvenciones públicas y si éstas se han podido destinar a fines distintos.

Los registros llevados a cabo este viernes tienen por objeto la aprehensión de documentación y de los elementos necesarios para calibrar el alcance del presunto fraude. Las diligencias judiciales se han incoado por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y desvío de subvenciones.

REACCIONES

IZQUIERDA UNIDA

El portavoz de IULV-CA de la Diputación de Huelva, Rafael Sánchez Rufo, ha deseado que el registro iniciado por la Guardia Civil este viernes en el ente provincial «se quede en nada».

En rueda de prensa, y preguntado por este asunto, Sánchez Rufo ha resumido lo ocurrido en tres palabras «tristeza, prudencia y determinación».

«Tristeza porque en un momento en el que tanta gente lo está pasando mal, la imagen de una institución cercada por la Guardia Civil es triste. Prudencia porque no vamos a perder la cabeza con esto con una falta de seriedad para analizar este tema sin conocerlo con exactitud, ya que serán los jueces quienes establezcan lo que está pasando, y determinación para que se deje actuar a quien tiene que actuar y que se depuren responsabilidades», ha enfatizado.

Por su parte, el exparlamentario andaluz por Huelva y exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, ha pedido este viernes «investigación a fondo y a tope» en el asunto.

A su vez, Valderas ha remarcado que esta imagen de la Diputación, cercada por la Guardia Civil, «no ayuda a mejorar el significado de la democracia, que tiene que tener como pilares fundamentales la honradez y la transparencia».

En este sentido, ha reclamado «honradez, manos limpias y palacios de cristal, que son claves ayer, hoy y mañana», pero ha remarcado que «donde haya dudas, que parece que las hay, investigación a fondo, alcance a quien alcance y caiga y quien caiga, teniendo en cuenta los conceptos de prudencia, los buenos deseos y que la justicia actúe con rapidez».

PARTIDO POPULAR

El PP de Huelva ha mostrado su «preocupación por la gravedad» de la situación, tras el registro que ha realizado la Guardia Civil este viernes en la sede la Diputación.

Durante una visita a la barriada de El Torrejón de Huelva, el candidato número uno al Parlamento de Andalucía por el PP de Huelva y presidente provincial del PP, Manuel Andrés González, ha mostrado sus sospechas sobre este registro que, a su juicio, «ha debido de ser algo de mucho calado, de mucha trascendencia jurídico-penal, cuando estaba el edificio de la Diputación tomado literalmente por las fuerzas de seguridad y además no se ha dejado entrar a trabajar a los funcionarios», ha informado el PP en una nota.

De igual forma, González ha pedido al presidente de la Diputación Provincial de Huelva y secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo que «dé la cara y una explicación clara a todos los onubenses», tras lo sucedido.

González ha manifestado que «la Diputación está bajo sospecha y eso es muy grave para la imagen de esta provincia», por lo que insistido en que «es hora ya de que Caraballo diga la verdad a los onubenses y ofrezca una explicación clara y convincente a toda la provincia de lo que está ocurriendo en la Diputación». Cabe recordar que la Guardia Civil también ha realizado un registro en el Servicio Estatal Público de Empleo.

UPyD

El portavoz adjunto de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, considera que el registro de la Diputación de Huelva demuestra que esta institución es «un nido de corrupción» como también los son resto de las diputaciones provinciales.

En declaraciones en la Cámara Baja, el dirigente magenta ha recordado que su formación denunció ante la Fiscalía que en la diputación onubense se estaban utilizando fondos de empleo rural de modo fraudulento para contratar a técnicos y arquitectos, aunque ha dicho desconocer si el registro viene derivado de esta denuncia.

Pero, en cualquier caso para Gorriarán «está claro que la Diputación de Huelva, como otras muchas, ha demostrado ser un nido de malversación y clientelismo donde se enchufa a la gente de los partidos que están con un altísimo costo para el país».

Y, en este sentido ha insistido en que «sobran todas» las diputaciones provinciales porque son «superfluas», suponen un «foco de corrupción» y «nos salen carísimas».