La Diputación tacha de «desmedida» la actuación de la Guardia Civil

El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo (PSOE), ha señalado este martes que la Guardia Civil «ha incumplido» la ley de Enjuiciamiento Criminal por las formas empleadas en el registro efectuado el viernes en la Diputación, a raíz de una denuncia interpuesta por dos particulares hace dos años relacionada con subvenciones supuestamente ilegales sobre el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en la Entidad Local Autónoma (ELA) de Tharsis, perteneciente al municipio de Alosno, motivo por el que también realizó otro registro en el Servicio Estatal Público de Empleo.

En rueda de prensa, Caraballo ha explicado que desde el ente provincial, cuyos técnicos y trabajadores «han colaborado en todo momento», entienden que «no se compagina el auto con el que el juez autoriza la entrada y el registro en la Diputación para la búsqueda de documentación, con las formas de la Guardia Civil para conseguirla».

Por tanto, remarca que existe «una vulneración absoluta» del artículo 552 de la Ley de Enjuiciamiento criminal que el juez pide taxativamente en el auto que se cumpla. Este artículo señala que «al practicar los registros deberán evitarse las inspecciones inútiles, procurando no perjudicar ni importunar al interesado más de lo necesario, y se adoptarán todo género de precauciones para no comprometer su reputación, respetando sus secretos si no interesaren a la instrucción».

Por todo ello cree que se ha producido «un incumplimiento» por parte de la Guardia Civil de la Ley de Enjuiciamiento criminal ordenado expresamente por el juez, al considerar que han realizado «una interpretación tremendista» del auto del juez.

Asimismo, entiende que el número de efectivos es «absolutamente desproporcionado, tanto dentro como fuera de la Diputación». De hecho, en el interior de las instalaciones, según ha indicado Caraballo, mientras el personal facilitaba la información requerida, «había presencia de agentes armados y uniformados».

El presidente del ente provincial ha recordado que, con anterioridad al pasado viernes, en dos ocasiones se había facilitado documentación requerida sin necesidad de este despliegue policial. «Nuestra colaboración siempre ha sido absoluta, por tanto, no podemos entender ni el despliegue ni el cierre de la Diputación durante toda la jornada», ha enfatizado Ignacio Caraballo.

El registro se ha llevado a cabo en cuatro despachos de la institución, en el del PFEA, Personal, Mantenimiento e Intervención, de los 115 que existe en esta sede. Por tanto, cree que «no había necesidad ninguna de cerrar la Diputación entera».

Al respecto, ha puesto como ejemplo que «a nadie se le ocurriría cortar el tráfico de una ciudad completa para facilitar el tránsito de una calle» y ha remarcado que «esta desproporción es lo que ha ocurrido en la Diputación: se ha cerrado un edificio entero para inspeccionar cuatro despachos, vulnerando la ley y ocasionando un grave perjuicio a los usuarios de la administración pública y a la imagen de la institución».

«No podemos obviar tampoco el desconcierto que se produjo entre la población, ya que muchos usuarios se vieron afectados por la inactividad de la Diputación durante toda una mañana», ha precisado Caraballo, quien ha lamentado que «se paralizara el funcionamiento normal de una institución democrática por una actuación excesiva y arbitraria de la Guardia Civil».

PREVIA A LAS ELECCIONES

En este sentido, asegura que «una actuación tan desmedida por parte de la Guardia Civil, interpretando de manera desproporcionada un auto judicial en unas fechas tan cercanas a dos procesos electorales, puede estar significando una injerencia al normal y correcto funcionamiento del sistema democrático».

A su vez, ha recordado que se trata de unas diligencias abiertas por una denuncia de un particular hace dos años, por lo que ha lamentado que «se haya esperado a las elecciones para hacer un despliegue desproporcionado e injustificado, habida cuenta de que anteriormente ya se ha facilitado toda la información requerida», ya que este tipo de actuaciones, a su juicio, «provoca un ambiente de desconfianza entre la ciudadanía contra las instituciones democráticas, sin justificación alguna».

Además, asegura que «no se está dañando la imagen del presidente y del equipo de gobierno, sino la de una institución democrática y de los propios empleados», ya que a causa del registro «se perdieron 1.000 horas de trabajo de empleados públicos, dinero que pagamos todos los españoles, con un coste de más de 25.000 euros, más el personal del dispositivo judicial y el de la Guardia Civil», por lo que se ha preguntado «¿quién se va a hacer responsable de todo esto?», por lo que cree que «alguien tendrá que dar explicaciones».

RESPETO A LOS PROCEDIMIENTOS

En cuanto al PFEA, los objetivos son combatir el desempleo y realizar obras en los municipios, unos objetivos que «también los persiguen la administración del estado y la Junta, ya que sin la implicación de las tres administraciones, sería inviable crear anualmente 8.500 puestos de trabajo en la provincia».

En todo momento desde la Diputación «han respetado los procedimientos», a lo que ha añadido que el PFEA es «un programa muy garantista, con controles a priori y a posteriori por parte del Ministerio y de la Junta».

Por último, por lo que respecta a la denuncia de Tharsis, la que únicamente conocen por lo que ha salido en los medios de comunicación, ha afirmado que «la actuación de la Diputación de Huelva es irreprochable: lanzamos una oferta genérica para un puesto de encargado con una experiencia de seis meses; el SAE envía la preselección de dos personas, como hace siempre; convoca a los preseleccionados y se presenta sólo uno, y la Diputación lo que hace es contratar al único candidato que se presenta», ha concluido.

COMUNICADO COMPLETO EMITIDO POR LA DIPUTACIÓN

Ante el registro llevado a cabo por la Guardia Civil el pasado viernes, la Diputación de Huelva comunica lo siguiente:

En primer lugar, entendemos que no se compagina el auto con el que el juez autoriza la entrada y el registro en la Diputación para la búsqueda de documentación, con las formas de la Guardia Civil para conseguir esa documentación.

Existe una vulneración absoluta del artículo 552 de la Ley de Enjuiciamiento criminal que el juez pide taxativamente en el auto que se cumpla. Este artículo dice así: Al practicar los registros deberán evitarse las inspecciones inútiles, procurando no perjudicar ni importunar al interesado más de lo necesario, y se adoptarán todo género de precauciones para no comprometer su reputación, respetando sus secretos si no interesaren a la instrucción.

Por tanto, se ha producido un incumplimiento por parte de la Guardia Civil de la Ley de Enjuiciamiento criminal ordenado expresamente por el juez. Se trata de una interpretación tremendista del auto del juez.

Asimismo, consideramos que el número de efectivos es absolutamente desproporcionado, tanto dentro como fuera de la Diputación. De hecho, en el interior de las instalaciones, mientras el personal facilitaba la información requerida, había presencia de agentes armados y uniformados.

Con anterioridad al pasado viernes, en dos ocasiones se había facilitado documentación requerida sin necesidad de despliegue policial. Nuestra colaboración siempre ha sido absoluta, por tanto, no podemos entender ni el despliegue ni el cierre de la Diputación durante toda la jornada.

El registro se ha llevado a cabo en 4 despachos (PFEA, Personal, Mantenimiento e Intervención) de los 115 que existe en esta sede de la Diputación Provincial. Por tanto, no había necesidad ninguna de cerrar la Diputación entera.

No podemos obviar tampoco el desconcierto que se produjo entre la población, ya que muchos usuarios se vieron afectados por la inactividad de la Diputación durante toda una mañana. Por tanto, se ha paralizado el funcionamiento normal de una institución democrática por una actuación excesiva y arbitraria de la Guardia Civil.

Una actuación tan desmedida por parte de la Guardia Civil, interpretando de manera desproporcionada un auto judicial en unas fechas tan cercanas a dos procesos electorales, puede estar significando una injerencia al normal y correcto funcionamiento del sistema democrático.

Son unas diligencias abiertas por una denuncia de un particular hace dos años, y se espera a las elecciones para hacer un despliegue desproporcionado e injustificado, habida cuenta de que anteriormente ya se ha facilitado toda la información requerida.

Este tipo de actuaciones provoca un ambiente de desconfianza entre la ciudadanía contra las instituciones democráticas, sin justificación alguna.

No se está dañando la imagen del presidente y del equipo de Gobierno. Se está dañando la imagen de una institución democrática y de los propios empleados.

A causa del registro se perdieron 1.000 horas de trabajo de empleados públicos (dinero que pagamos todos los españoles), con un coste de más de 25.000 euros, más el personal del dispositivo judicial y el de la Guardia Civil. ¿Quién se va a hacer responsable de todo esto? Alguien tendrá que dar explicaciones.

A nadie se le ocurriría cortar el tráfico de una ciudad completa para facilitar el tránsito de una calle. Pues esta desproporción es lo que ha ocurrido en la Diputación: se ha cerrado un edificio entero para inspeccionar 4 despachos, vulnerando la ley y ocasionando un grave perjuicio a los usuarios de la administración pública y a la imagen de la institución.

En cuanto al PFEA, los objetivos son combatir el desempleo y realizar obras en los municipios. Este objetivo también lo persiguen la administración del estado y la Junta. Sin la implicación de las tres administraciones, sería inviable. Anualmente se crean 8.500 puestos de trabajo en la provincia.

En todo momento respetamos los procedimientos. El PFEA es un programa muy garantista, con controles a priori y a posteriori por parte del Ministerio y de la Junta. Nuestro objetivo en el PFEA es hacerlo realidad todos los años y colaborar con los ayuntamientos.

Por lo que respecta a la denuncia de Tharsis, que solo conocemos por lo que ha salido en los medios de comunicación, podemos afirmar que la actuación de la Diputación de Huelva es irreprochable : lanzamos una oferta genérica para un puesto de encargado con una experiencia de seis meses; el SAE envía la preselección de dos personas, como hace siempre; el SAE convoca a los preseleccionado y se presenta sólo uno. Y la Diputación lo que hace es contratar al único candidato que se presenta.

 REACCIONES

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

Ante el comunicado de la Diputación de Huelva sobre el registro de la institución provincial por parte de la Guardia Civil, la Subdelegación del Gobierno en Huelva ha recordado que la actuación llevada a cabo por la Benemérita el pasado viernes responde a un mandato judicial.

En este sentido, desde la Subdelegación se recuerda, igualmente, que si la Diputación se siente perjudicada o tiene alguna queja sobre la actuación de la Guardia Civil, está en su derecho de acudir a los tribunales de justicia.

Asimismo, la Subdelegación del Gobierno en Huelva quiere mostrar su rechazo a cualquier intento de poner en duda la profesionalidad y el prestigio de la Guardia Civil con el propósito de crear un conflicto donde no lo hay, utilizando para ello como arma arrojadiza a la Benemérita.

Por último, recordar que la Guardia Civil es la institución pública mejora valorada por los españoles que, encuesta tras encuesta del CIS, muestran su confianza y cariño por un Cuerpo de Seguridad que merece el respeto de todos por su labor en defensa de los valores democráticos del país.

PARTIDO POPULAR

El Partido Popular ha lamentado hoy las “vergonzosas” declaraciones del presidente de la Diputación, el socialista Ignacio Caraballo, al que ha instado a aclarar qué documentación se llevó la Guardia Civil de la institución en el registro practicado el pasado viernes por la Guardia Civil, por mandato judicial, en el marco de una investigación por presunto fraude en el PROFEA. Para el PP es “muy grave” que el PSOE trate de poner en tela de juicio a la Guardia Civil y a la Justicia.

“En vez de criticar a la Guardia Civil y a la Justicia, lo que debería hacer el señor Caraballo, después de guardar silencio durante 4 días, es decir la verdad a los onubenses e informar sobre la documentación que ha requisado la Justicia”. Así lo ha señalado el secretario general del PP de Huelva y portavoz del PP en la Diputación, Guillermo García Longoria, que ha añadido que las explicaciones de Caraballo “recuerdan a las del PSOE cuando salió a la luz el caso de los ERE”.

Para García Longoria “el PSOE empezó diciendo que el de los ERE era un caso de cuatro golfos, y ya va por casi 200 imputados y más de 800 millones de euros defraudados y con un miembro del PSOE de Huelva, Juan Márquez, para el que la Justicia ha fijado una fianza de 64 millones de euros”.
«Parece que pretenden restar gravedad a un registro que ha empañado la imagen de la provincia y de la Diputación y que mantiene bajo sospecha a esta institución”.

El dirigente popular ha indicado que “el PSOE trata de culpar a la Guardia Civil ahora de llevar a cabo un mandato judicial y no explica qué es lo que ha pasado y qué documentación se han llevado para que sea examinada por el juez ni le dice la verdad a los onubenses ante un caso tan grave”.