La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha emitido un dictamen desfavorable respecto al proyecto de extracción y almacenamiento de Gas Natural en el subsuelo del espacio natural de Doñana, iniciativa que no admite atendiendo a criterios de protección del espacio y al cumplimiento de garantías medioambientales.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería, que han precisado que, asimismo, se ha dado traslado del dictamen a la empresa promotora y a los interesados que se han personado en el procedimiento, para que, si así lo consideran oportuno, éstos puedan presentar alegaciones.
Caso de presentarse éstas, el departamento que actualmente lidera en funciones María Jesús Serrano emitirá una resolución una vez que se proceda al estudio de las mismas.
Según publica ‘El País’, la Junta, no obstante, sí habría dado autorización a uno de los cuatro subproyectos –Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar– en los que se divide la iniciativa global, el de Aznalcázar, ya que estas actuaciones no se realizarían en el parque natural.
La Consejería ya había solicitado, en el marco de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que debe tramitarse en relación al proyecto, informes sectoriales «para tener resuelto el procedimiento cuanto antes».
Se intentaba así agilizar el proceso después de encuentros entre responsables técnicos de la Consejería y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en los que la administración autonómica ha insistido al Ejecutivo estatal en la necesidad de revisar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto e incluir el valor acumulativo, al considerar que podría existir un riesgo sismológico.
Todo ello, después de que la Comisión Europea haya confirmado que no entrará en el fondo de la cuestión tras la consulta remitida por la Junta al rechazar en primera instancia el Ministerio una modificación de la DIA.
La Unión Europea ya se pronunció el pasado verano al indicar que cerraba provisionalmente el expediente (‘pilot’) abierto pero que mantenía «expectativas» sobre el asunto, puesto que se precisa cumplir la Directiva Hábitat y de la Red Natura, quedando «pendiente» de una posible autorización y a la espera de seguir recabando datos «si el proyecto avanza«