El alcalde en funciones de Palos de la Frontera, Carmelo Romero (PP), el cual es también alcalde electo tras ganar las pasadas elecciones, ha pedido este martes «la implicación» de la Junta de Andalucía para buscar «una solución definitiva» a la problemática de los asentamientos.

Estas palabras del mandatario local se producen después del incendio originado este lunes en una de las chabolas de un asentamiento de temporeros de Palos de la Frontera, que afectó a unas 35 de las cien existentes.

En declaraciones a Europa Press, el primer edil ha recordado que «hasta ahora no se han tenido que lamentar daños personales pero es el segundo incidente de este tipo que se produce en lo que va de año».

Por ello, ha hecho hincapié en que «esto no puede seguir así» y ha demandado «la implicación» de la Junta de Andalucía para buscar una solución definitiva a la problemática.

Hay que recordar que afortunadamente este incendio no ha registrado daños personales y tampoco ha afectado a la totalidad del asentamiento de Palos de la Frontera.

REACCIONES

JUNTA DE ANDALUCÍA

La Junta de Andalucía ha asegurado que, antes de que comenzara la campaña agrícola, envió el pasado mes de febrero una carta, firmada por el delegado de la Junta en Huelva, José Fiscal, a todos los ayuntamientos de la provincia para recordarles que eran los competentes, según la ley, sobre los asentamientos irregulares de personas que se desarrollan en términos municipales, alentados por las tareas hortofrutícolas.

Del mismo modo, desde la Junta insisten en que, según la normativa, el Gobierno andaluz «no tiene competencias» respecto a los mismos. Todo ello después de que el alcalde electo de Palos de la Frontera, Carmelo Romero (PP), haya pedido este martes «la implicación» de la Junta para buscar «una solución definitiva» a la problemática de los asentamientos después del incendio originado este lunes en una de las chabolas de un asentamiento de temporeros de la localidad, que afectó a unas 35 de las cien existentes.

Según reza en esta misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, «en la consideración de que es el municipio quien debe adoptar las medidas adecuadas para que se aplique la legislación pertinente, la Junta le recuerda las competencias y responsabilidad que la ley le atribuye a los municipios».

Cita textualmente que el artículo segundo de la Ley de Bases de Régimen Local dice que «el municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, en las materias de urbanismo, como el planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística».

También cita el artículo nueve de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local, en el que se expone que «los municipios andaluces tienen las competencias propias como la protección a la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado».

Por su parte, el delegado de la Junta en Huelva, José Fiscal, ha manifestado su solidaridad con los afectados y la predisposición del Gobierno andaluz «en colaborar en la medida de lo posible en la búsqueda de una solución a este asunto».

CRUZ ROJA

La coordinadora provincial de Cruz Roja en Huelva, Rosario Miranda, ha asegurado este martes que el incendio ha afectado de manera directa a unas 16 personas que han perdido sus pertenencias.

En declaraciones a Europa Press, Miranda ha explicado que a su llegada al lugar los tres equipos de Cruz Roja desplazados ayudaron a un total de siete puesto que el resto de afectados no estaban ya en la zona.

Así, ha explicado que en cuanto les avisaron desde el Infoca y el 112 se desplazaron los equipos de Cruz Roja al lugar para dar una primera asistencia a estas personas.

Cruz Roja realiza todas las semanas visitas a los asentamientos y se desplazó a éste en Palos de la Frontera de manera inmediata. Cuando llegaron, atendieron a seis de los afectados, a los que dieron un kit de pernocta con ropa, agua, comida y un saco de dormir y por su parte, estos afectados les comunicaron que pasarían la noche en la choza de algunos compañeros.

Además, ha remarcado que también se facilitó desde Cruz Roja la medicación que necesitaba a una persona que venía del centro de salud, al tiempo que ha recordado que cuando se producen sucesos de este tipo las personas se asustan y muchos se marchan a otros lugares.

En este sentido, Miranda ha señalado que se dio apoyo emocional debido al miedo que ocasiona un incendio, a la par que ha indicado que, igual que se hizo tras el incendio del asentamiento en Lucena del Puerto, Cruz Roja, además de seguir con sus visitas semanales a los asentamientos, hará especial hincapié en los afectados de cara a suministrar y atender las demandas que puedan tener como consecuencia de este suceso.

APDHA 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha pedido la implicación «real» de todas las administraciones (local, provincial, regional y nacional) para buscar «soluciones efectivas, duraderas, coordinadas e integrales» a la problemática de los asentamientos en la provincia de Huelva.

En una nota de prensa, la Apdha ha recordado que el incendio en un asentamiento de Palos de la Frontera pone de manifiesto la necesidad de «una solución efectiva».

Asimismo, ha remarcado que se han producido «tres incendios en poco más de un año», por lo que «si queremos sentirnos orgullosos de nuestro campo, de nuestros productos, debemos velar por el bienestar, por unas condiciones de vida mínimas para las personas que trabajan en ello».

Ante esto, desde la Apdha se han preguntado «¿qué ocurrirá con el resto de personas asentadas y con las personas que vengan para trabajar en la campaña agrícola 2016». Por ello, han incidido que «basta ya de colocar parches de emergencia» que ponen de manifiesto «la falta de
infraestructuras y de atención a las personas migrantes temporeras en los diferentes pueblos freseros».

«La Apdha-Huelva lleva años denunciando y proponiendo soluciones para esta situación y estamos cansados de esperar respuestas válidas y reales por parte de las administraciones públicas, de los partidos políticos y sindicatos mayoritarios, que se escudan en la falta de presupuesto o en que no se trata de sus competencias», han subrayado.

De hecho, según han indicado, «gran parte de las actuaciones de las administraciones públicas han ido destinadas a destruir los asentamientos en lugar de buscar soluciones».

PROPUESTAS

Así las cosas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía reclama la creación de una mesa intersectorial en la que la administración, los sindicatos, la patronal, las organizaciones sociales y los propios afectados se unan para buscar y aportan alternativas beneficiosas para todos.

En este sentido, pide, igualmente, la creación de un plan holístico que afronte esta grave situación desde una perspectiva amplia teniendo en cuenta todas las dificultades a las que esta población tiene que hacer frente (acceso al trabajo, vivienda, sanidad, inserción social, situación documental irregular etc.).

Las administraciones serán «las responsables» de la puesta en marcha de este plan, diseñado y apoyado desde la mesa intersectorial. En este plan se incluirá la puesta en marcha de una red de recursos en todas las zonas agrícolas que permitan a los trabajadores temporeros «no verse obligados a vivir en asentamientos que no disponen de ningún tipo de servicios mínimos».

Entre otras cosas, solicitan el cese «inmediato e incondicional» de todos los desalojos. «La evacuación de un asentamiento sin articular alternativas sólo provoca el desplazamiento de las personas que lo habitan que, además, pierden sus pocas pertenencias», prosiguen. Este traslado suele producirse a un lugar «aún más remoto, mal comunicado y en peores condiciones, es necesario reconstruir los chozos y la situación de precariedad se acentúa y agrava».

Por ello, apuestan por reforzar y establecer cauces sencillos para garantizar que estas personas puedan ejercer su derecho a la atención sanitaria (física y mental), derecho a la inserción laboral activa y real, derecho a un alojamiento digno y derecho a disfrutar de un servicio de orientación jurídico-legal, así como abogan por garantizar el empadronamiento de todas estas personas en las localidades en las que viven, tal y como establece la ley.

Hacer un seguimiento especial a los menores y exmenores tutelados por la Junta de Andalucía y establecer los mecanismos que garanticen su protección es otra de las propuestas como la creación de un programa integral de trabajo con la población residente tradicionalmente en la zona y que incida en la sensibilización y concienciación social.

«Sólo así se podrá evitar la exclusión y criminalización de la población inmigrante y los peligrosos conatos de racismo que se están produciendo. Y con la población asentada, sensibilizando, mediando, trabajando con ellos otras opciones de vida fuera de la chabola».

«Tras el segundo incendio sucedido en Palos de la Frontera este año, exigimos actuaciones. Nos debería dar vergüenza», han concluido desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha).