La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha pedido la implicación «real» de todas las administraciones (local, provincial, regional y nacional) para buscar «soluciones efectivas, duraderas, coordinadas e integrales» a la problemática de los asentamientos en la provincia de Huelva.

En una nota de prensa, la Apdha ha recordado que el incendio en un asentamiento de Palos de la Frontera pone de manifiesto la necesidad de «una solución efectiva».

Asimismo, ha remarcado que se han producido «tres incendios en poco más de un año», por lo que «si queremos sentirnos orgullosos de nuestro campo, de nuestros productos, debemos velar por el bienestar, por unas condiciones de vida mínimas para las personas que trabajan en ello».

Ante esto, desde la Apdha se han preguntado «¿qué ocurrirá con el resto de personas asentadas y con las personas que vengan para trabajar en la campaña agrícola 2016». Por ello, han incidido que «basta ya de colocar parches de emergencia» que ponen de manifiesto «la falta de
infraestructuras y de atención a las personas migrantes temporeras en los diferentes pueblos freseros».

«La Apdha-Huelva lleva años denunciando y proponiendo soluciones para esta situación y estamos cansados de esperar respuestas válidas y reales por parte de las administraciones públicas, de los partidos políticos y sindicatos mayoritarios, que se escudan en la falta de presupuesto o en que no se trata de sus competencias», han subrayado.

De hecho, según han indicado, «gran parte de las actuaciones de las administraciones públicas han ido destinadas a destruir los asentamientos en lugar de buscar soluciones».

PROPUESTAS

Así las cosas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía reclama la creación de una mesa intersectorial en la que la administración, los sindicatos, la patronal, las organizaciones sociales y los propios afectados se unan para buscar y aportan alternativas beneficiosas para todos.

En este sentido, pide, igualmente, la creación de un plan holístico que afronte esta grave situación desde una perspectiva amplia teniendo en cuenta todas las dificultades a las que esta población tiene que hacer frente (acceso al trabajo, vivienda, sanidad, inserción social, situación documental irregular etc.).

Las administraciones serán «las responsables» de la puesta en marcha de este plan, diseñado y apoyado desde la mesa intersectorial. En este plan se incluirá la puesta en marcha de una red de recursos en todas las zonas agrícolas que permitan a los trabajadores temporeros «no verse obligados a vivir en asentamientos que no disponen de ningún tipo de servicios mínimos».

Entre otras cosas, solicitan el cese «inmediato e incondicional» de todos los desalojos. «La evacuación de un asentamiento sin articular alternativas sólo provoca el desplazamiento de las personas que lo habitan que, además, pierden sus pocas pertenencias», prosiguen. Este traslado suele producirse a un lugar «aún más remoto, mal comunicado y en peores condiciones, es necesario reconstruir los chozos y la situación de precariedad se acentúa y agrava».

Por ello, apuestan por reforzar y establecer cauces sencillos para garantizar que estas personas puedan ejercer su derecho a la atención sanitaria (física y mental), derecho a la inserción laboral activa y real, derecho a un alojamiento digno y derecho a disfrutar de un servicio de orientación jurídico-legal, así como abogan por garantizar el empadronamiento de todas estas personas en las localidades en las que viven, tal y como establece la ley.

Hacer un seguimiento especial a los menores y exmenores tutelados por la Junta de Andalucía y establecer los mecanismos que garanticen su protección es otra de las propuestas como la creación de un programa integral de trabajo con la población residente tradicionalmente en la zona y que incida en la sensibilización y concienciación social.

«Sólo así se podrá evitar la exclusión y criminalización de la población inmigrante y los peligrosos conatos de racismo que se están produciendo. Y con la población asentada, sensibilizando, mediando, trabajando con ellos otras opciones de vida fuera de la chabola».

«Tras el segundo incendio sucedido en Palos de la Frontera este año, exigimos actuaciones. Nos debería dar vergüenza», han concluido desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha).