La presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, Manuela de Paz, y el exdirector del puerto, Pedro García, están llamados a declarar el próximo martes 23 de junio en el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva por un delito relacionado con el medio ambiente.
Concretamente, la denuncia la interpuso CCOO y reprocha a la Autoridad Portuaria que en el proyecto de ampliación Sur Muelle Ingeniero Juan Gonzalo no fue solicitada la preceptiva evaluación medioambiental prevista dada la posible afectación de espacios protegidos de la Red Natura 2000 declarados LIC y «todo ello con la intención de no perder la financiación de parte de las obras, un 80 por ciento, con fondos Feder».
Por ello, el letrado de la causa, Jorge Granado, ha precisado que la presidenta del puerto declarará por un delito medioambiental, no obstante ha hecho hincapié en que si este delito acaba archivándose «no impide que se aperturen otros por otro tipo de delito, y se modifiquen la calificación de estos hechos delictivos, como puede ser el fraude o la prevaricación».
Granado ha precisado que se tratan de tres procedimientos distintos. Por un lado, el primero relacionado con el delito medioambiental, por el que declarará el próximo martes. El segundo procedimiento se refiere a los delitos de prevaricación, contra la integridad moral, contra los trabajadores, un delito de malversación de fondos públicos, y fraude de subvenciones, mientras que la tercera causa se centra en un delito contra la libertad sindical y derecho de huelga.
Cabe recordar que sobre el segundo procedimiento la Fiscalía pidió el sobreseimiento el pasado mes de febrero, no obstante desde el sindicato han solicitado al respecto nuevas diligencias de pruebas que han sido admitidas y se encuentran a la espera de su tramitación.
Por su parte, el secretario de organización estatal del sector del Mar de CCOO, Antonio Escobar, ha criticado que «su modus operandi sea vulnerar la legislación» en varios aspectos, refiriéndose también a los despidos que han sido declarados improcedentes y por lo que «ha tenido que desembolsar de las arcas públicas 900.000 euros desde que fue nombrada presidenta».
Del mismo modo, ha asegurado que en este proceso «van a llegar hasta el final» porque están «convencidos» de que estos hechos «son delictivos». A su vez, ha pedido al PSOE y a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que «la cese» de sus funciones porque «ya está imputada por un juez».
Por último, el secretario general de CCOO en el puerto y presidente del comité de empresa, Carlos Manga, ha lamentado que desde que se concentraron los trabajadores el pasado 2 de junio «se ha endurecido más la represión» por parte de la presidenta del puerto, por lo que no descartan realizar más concentraciones y tomar otras medidas. «No hay diálogo, no hay contactos y con su actitud roza las amenazas», ha concluido.
POSICIÓN DE LA FISCALÍA
Concretamente, por el delito medioambiental, el Ministerio Fiscal en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, aclara que de la documentación aportada por la Delegación de Medio Ambiente «se descarta posible afectación grave o perjuicio para especies de flora o fauna protegidas por las obras».
Sobre la posible prevaricación, asegura que «no existen por el momento datos concretos y relevantes, más allá de sospechas, que permitan concluir que las obras de ampliación del Puerto Exterior realizadas por la Autoridad Portuaria, lo han sido adoptando resoluciones injustas a sabiendas, en perjuicio del interés general».
El fiscal destaca a su vez que tanto la Dirección General de Sostenibilidad de la Red de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en 2010 como la Delegación Territorial de dicha Consejería en 2013 señalan «la no afección relevante de espacios de la Red Natura y la no necesidad de evaluación ambiental».
A su vez, asegura que la ausencia de esta evaluación ambiental «no supondría prevaricación, teniendo en cuenta que estamos ante obra pública de Puertos del Estado, con intervención de los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente, de la Abogacía del Estado y de la Administración Autonómica».
Sin embargo asegura que no puede «descartar» esta cuestión con total rotundidad debido a «la insuficiente y poco clarificadora contestación del Ministerio de Medio Ambiente», por lo que aboga por la investigación «no tanto si era o no necesaria la evaluación de impacto ambiental, sino si en su caso de forma dolosa e injusta con presiones inaceptables a técnicos de la Autoridad Portuaria o de la Junta de Andalucía se obvió la misma para agilizar las obras».
