La presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, Manuela de Paz, ha insistido este martes en su inocencia, tras prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva como imputada por un delito relacionado con el medio ambiente, y ha manifestado que esta denuncia y todas las demás, interpuestas por CCOO, «se van a sobreseer y no van a llegar a ninguna parte» porque el puerto «funciona de forma correcta con total justicia y legalidad».
En declaraciones a los periodistas a su salida de los juzgados, ha subrayado que sale «muy contenta» de su declaración, en la que asegura que ha mostrado «total colaboración» con la justicia con el fin de que «florezca la verdad entre tanta calumnia que he tenido que escuchar».
Cabe recordar que esta citación parte de una denuncia interpuesta por CCOO, en la que reprocha a la Autoridad Portuaria que en el proyecto de ampliación Sur Muelle Ingeniero Juan Gonzalo no fue solicitada la preceptiva evaluación medioambiental prevista dada la posible afectación de espacios protegidos de la Red Natura 2000 declarados LIC y «todo ello con la intención de no perder la financiación de parte de las obras, un 80 por ciento, con fondos Feder».
Tras asegurar que ha contestado a las preguntas de todas las partes, excepto las del letrado de CCOO, ha insistido en que «no hay nada de nada», así como que lo único que persigue el sindicato es «enredar, calumniar, calumniar y calumniar».
«¿Qué quiere CCOO con esto, realmente está buscando el bien de los trabajadores o busca, por revanchismo, echarme del puerto?», se ha preguntado Manuela de Paz, quien ha dejado claro que no está «acusada ni procesada, sino que el juez me ha llamado como protegida, con un abogado, lo que no quiere decir que haya algún delito».
De hecho, según ha remarcado, ya el fiscal «ha dicho que no hay nada de nada ni en este caso, ni en el siguiente ni el de más allá», no obstante ha lamentado que CCOO «haya conseguido lo que pretendía: que yo esté con mi honor vejado», a lo que ha añadido que lo más le duele es que el puerto «se sienta mal» y que tanto ella como el exdirector del puerto Pedro García «nos tengamos que sentar» a declarar. Como testigo también ha prestado declaración la actual secretaria general de Gestión Integral de Medio Ambiente y Agua, Carmen Lloret.
TRES PROCEDIMIENTOS
En total hay tres procedimientos distintos. Por un lado, el primero relacionado con el delito medioambiental, por el que ha declarado este martes. El segundo procedimiento se refiere a los delitos de prevaricación, contra la integridad moral, contra los trabajadores, un delito de malversación de fondos públicos, y fraude de subvenciones, mientras que la tercera causa se centra en un delito contra la libertad sindical y derecho de huelga.
Cabe recordar que sobre el segundo procedimiento la Fiscalía pidió el sobreseimiento el pasado mes de febrero, no obstante desde el sindicato han solicitado al respecto nuevas diligencias de pruebas que han sido admitidas y se encuentran a la espera de su tramitación.
POSICIÓN DE LA FISCALÍA
Concretamente, por el delito medioambiental, el Ministerio Fiscal en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, aclara que de la documentación aportada por la Delegación de Medio Ambiente «se descarta posible afectación grave o perjuicio para especies de flora o fauna protegidas por las obras».
Sobre la posible prevaricación, asegura que «no existen por el momento datos concretos y relevantes, más allá de sospechas, que permitan concluir que las obras de ampliación del Puerto Exterior realizadas por la Autoridad Portuaria, lo han sido adoptando resoluciones injustas a sabiendas, en perjuicio del interés general».
El fiscal destaca a su vez que tanto la Dirección General de Sostenibilidad de la Red de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en 2010 como la Delegación Territorial de dicha Consejería en 2013 señalan «la no afección relevante de espacios de la Red Natura y la no necesidad de evaluación ambiental».
A su vez, asegura que la ausencia de esta evaluación ambiental «no supondría prevaricación, teniendo en cuenta que estamos ante obra pública de Puertos del Estado, con intervención de los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente, de la Abogacía del Estado y de la Administración Autonómica».
Sin embargo asegura que no puede «descartar» esta cuestión con total rotundidad debido a «la insuficiente y poco clarificadora contestación del Ministerio de Medio Ambiente», por lo que aboga por la investigación «no tanto si era o no necesaria la evaluación de impacto ambiental, sino si en su caso de forma dolosa e injusta con presiones inaceptables a técnicos de la Autoridad Portuaria o de la Junta de Andalucía se obvió la misma para agilizar las obras».
