(Texto: Paco Velasco) Que la Constitución es la Ley Magna de un país democrático, sólo lo discuten los no demócratas, los fascistas, los totalitarios de izquierdas o de derechas, los ignorantes, los perversos, los malintencionados, los belicistas, los añorantes de la Dictadura. Entre otros.

La nuestra es una Constitución avanzada en derechos y libertades, y así se recoge en su artículo uno, el primero, el que abre el texto, el que muestra las intenciones y los propósitos de los legisladores: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». La nuestra es, además, una Constitución flexible, ambigua incluso, interpretable en algunos conceptos, diáfana y rotunda en otros. Así, en ese mismo artículo explicita sin lugar a dudas que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Es importante reseñar este apartado porque no habla de otro pueblo que el español; no del andaluz ni del extremeño ni del castellano ni del balear ni del vasco ni del catalán. El pueblo español.

Los padres de la Constitución del 78 eran conocedores de la tortuosa historia de la España de los siglos XIX y XX y, desde esta sabiduría, quisieron dejar muy claro que esta Ley Suprema «se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Sin por ello omitir ni silenciar ni ocultar que «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». Y, precisamente, en base a este reconocimiento, no duda en aseverar: «El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». No resta un ápice de valor ni al catalán ni al gallego ni al euskera ni al bable. Ni un ápice. Simplemente las sitúa en su contexto espacio-territorial.

El Parlamento español, y el pueblo soberano, apoyaron con una mayoría abrumadora el texto constitucional. Todos conocían, entonces, como se recuerda hoy, las aspiraciones independentistas de algunos ciudadanos. Aspiraciones absolutamente legítimas cuya legalidad sólo será posible en el marco de la Constitución. En su defecto, ni legalidad ni legitimidad, porque la violencia, el terrorismo, la política de hechos consumados, la vía de hecho, el solapamiento de unas leyes de menor rango en otras de más categoría jurídica, la perversión del derecho, etc., son atajos ilícitos, antijurídicos y anticonstitucionales. De estos atajos y de estas aspiraciones éramos conscientes muchos españoles y más todavía los redactores de esta Biblia laica que es una Constitución. Una Constitución. La vigente u otra, pero una Constitución.

En esta consciencia jurídica e histórica, Solé Tura, Gabriel Cisneros, Peces Barbas, por citar a tres de los siete ponentes, no dudaron en redactar un párrafo advertidor en el marco de un artículo muy interior, el 155. ¿Qué dice este artículo? Lo siguiente: «Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».

¿Qué le lleva, articulista, a andar con pies de plomo en esta exposición tan larga? Me remito a mi voluntad de creer, de tener confianza en nuestros gobernantes. Pero los hechos me retrotraen al escepticismo, a la duda cartesiana. ¿En qué sentido? En que Bildu se hace con resortes del poder en el País vasco. Que Artur Mas juega con una bomba potentísima en medio de una muchedumbre inocente. Que la crisis es, antes que económica, de ética y que, unidas en la deriva secesionista, puede devenir una catástrofe a lamentar.

A vueltas con las dos caras. Una vez más poner una vela a Dios y otra al demonio. De nuevo, la marcha sobre el filo de la navaja. Se repite la historia del quiero y no puedo. El fantasma del artículo 155 toma posiciones. Atención a los duendes. No se les ve, pero enredan, lían, confunden, traicionan, atentan. Atención.