Ya ha comenzado la campaña de control de los fondeos “ilegales” en la ría del Piedras (El Rompido), en el marco del Plan de Usos de los Espacios Portuarios aprobado en 2009 por la Agencia Pública de Puertos (APPA).
El pasado viernes, APPA y Guardia Civil del Mar instaron a los propietarios de embarcaciones en fondeo libre a emplazarse en alguno de los seis clubs náuticos de la ría del Piedras, bajo amenaza de sanciones de hasta 60.000€ y la retirada de la embarcación.
Algunas de estas embarcaciones son los conocidos como `amarradillos históricos´, pateras de pesca tradicional que han pasado de generación en generación desde finales del siglo XIX. Las técnicas tradicionales de pesca han llegado a nuestros días por transmisión consuetudinaria y constituyen la base identitaria de este pueblo marinero.
David F. Calderón, secretario de la A.V. y concejal de IU en el Ayto. de Cartaya, ha defendido que “este patrimonio cultural inmaterial (UNESCO, 2003) o patrimonio etnográfico (Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español) se encuentra en vías de desaparición. A ello contribuye la implantación de un agresivo modelo turístico de sol y playa, golf y deportes náuticos. Desde finales de los noventa, en El Rompido se han construido cinco hoteles de alto coste, un campo de golf y seis clubs náuticos. El número de visitantes ha crecido exponencialmente, alcanzándose índices de ocupación cercanos al 100% en época estival. Los puertos deportivos de la ría albergan ya a casi 2000 embarcaciones de recreo de alta cilindrada. El número de pasajeros de transporte náutico a la Flecha se ha multiplicado, alcanzando los casi 55 000 usuarios anuales. Esta situación no sólo provoca un notable impacto medioambiental, sino que amenaza las ya minoritarias prácticas de pesca tradicionales que tienen cobijo en la ría. Los marineros jubilados que aún conservan estos usos, con limitada capacidad económica, practican una pesca tradicional de subsistencia para autoabastecimiento. La mayoría de ellos, en riesgo de exclusión social, no pueden afrontar las elevadas cuotas de los clubs náuticos de la ría, viéndose abocados al cese de su actividad tradicional”.
Continúa defendiendo que “la protección del patrimonio etnográfico constituye una obligación de los poderes públicos según mandatos recogidos en la legislación europea, nacional y autonómica. Desde 1989, la UNESCO insta a `salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial como crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible´. En su convención de 2003, este organismo exhortó a “adoptar políticas generales encaminadas a integrar la salvaguardia de este patrimonio en programas de planificación”. La Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español también recoge el imperativo de `proteger administrativamente los conocimientos y actividades que procedan de técnicas tradicionales”.
El señalado representante finaliza defendiendo que “en la ordenación de nuestro litoral han de respetarse estos principios, considerando el factor humano para la preservación de la identidad, cultura e historia de los pueblos marineros. De este modo se protege a la comunidad de la desintegración identitaria y la pérdida de cohesión social”.
En una moción de IU, aprobada recientemente por unanimidad en el Ayuntamiento de Cartaya, se ha argumentado, además, que “en El Rompido, el paisaje desordenado de pateras entre las dos orillas constituye uno de sus principales atractivos como destino turístico. La ría es algo más que una lámina de agua. Si ordenarla significa sólo burocratizarla, despojarla de su valor etnográfico para mejorar su eficiencia como vía de transporte náutico, es preferible mantenerla en las condiciones actuales”.
Esta causa ha unido a marineros, organizaciones sociales y grupos políticos en Cartaya, aprobándose unánimemente un acuerdo para instar a Puertos a mantener las últimas pateras tradicionales de la ría del Piedras.
Eloy Burgos, presidente de la A.V. El Rompido, ha expresado su satisfacción con la reunión mantenida ayer con la delegada territorial de Fomento, María José Bejarano, representantes de la APPA y el Ayto. de Cartaya: “La delegada territorial de Fomento y Vivienda, María José Bejarano, se mostró dialogante, comprometida y sensible con las reivindicaciones del sector, acordando no sancionar ni retirar las pateras tradicionales fondeadas en El Rompido, cuyo futuro se decidirá en una mesa de trabajo compuesta por representantes del colectivo de propietarios, A.V. de El Rompido, Ayto. de Cartaya y la propia APPA”. Prosigue agradeciendo el talante de Diego Anguís, director de Puertos, que “se mostró coherente con el objetivo n.º 3 del Plan Director de Puertos 2014-2020: “mejorar la integración puerto-ciudad (…), compatibilizando las exigencias legales con las facilidades para el uso del Puerto de la población vecina”.
