Tras la publicación del Real Decreto-ley 10/2015, en el que se adoptan distintas medidas en materias de empleo público, la empresa EDIA, que gestiona el servicio de ayuda a domicilio en un total de 27 núcleos poblacionales de la provincia, se convierte en la primera entidad pública de Huelva que procede a la devolución del 26,23 % de paga extra no abonada en diciembre de 2012. Dicho acuerdo se alcanzaba en la mañana del pasado 15 de septiembre entre la presidenta y el gerente de EDIA, Dolores Ruiz y Francisco Santana, y los representantes del sindicato UGT, Pilar Cerrejón y Andrés García. Con ello, casi doscientas trabajadoras de esta empresa pública verán cómo se les devuelve; según UGT, “parte de los perjuicios ocasionados por los recortes injustos y desproporcionados contra el sector público, que en su día decreto el gobierno de la nación”.
Pilar Cerrejón, presidenta del Comité de Empresa, además de agradecer la permanente disposición a la negociación por parte de la empresa, añade que no cesarán en sus pretensiones de recuperación de todos y cada uno de los derechos perdidos; y recuerda que los distintos y sucesivos “recortes” en los Presupuestos Generales del Estado de las partidas destinadas a financiar la ley de la dependencia han dejado a este servicio básico en una situación muy precaria.
Según FSP UGT Huelva, el Real Decreto-ley 10/2015, es un decreto trampa que devuelve solo a una parte de los empleados públicos, los del estado, algunos de los derechos “usurpados”; dejando a la voluntad de los dirigentes del resto de administraciones públicas la posibilidad de no llevarlos a cabo en sus respectivas áreas de influencia. Andrés García, Secretario de Política Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT, espera que “este acuerdo con EDIA sirva de lanzadera para que el resto de administraciones de la provincia se sumen más pronto que tarde al carro de estas medidas para recuperar los derechos perdidos”.
Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT también se informa que en estos momentos hay abiertas numerosas negociaciones, especialmente en los ayuntamientos, para una aplicación inminente y en toda su amplitud del contenido del Real Decreto-ley 10/2015.
