IU a través del portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Almonte, Daniel Martínez, ha denunciado la particular «Ley mordaza» que la alcaldesa está aplicando en Almonte a la oposición «con la eliminación de mociones y la imposibilidad de que el pleno pueda pronunciarse sobre las causas jurídicas relacionadas con presuntos casos de irregularidades de la administración y que afecta al propio PSOE».
En el último Pleno ordinario IU presentó hasta cinco mociones de las que tres fueron rechazadas de forma unilateral por la alcaldesa, asevera la formación política en nota de prensa. En un escrito presentado al grupo político explicaba de forma simple y sin fundamento jurídico que las mociones no eran competencia del pleno. Daniel Martínez recordó “que todos los textos estaban relacionados con temas única y exclusivamente locales: iniciar revisión de oficio de la compra de la Dehesa Boyal y Sta María; iniciar revisión de oficio del contrato de limpieza viaria y RSU; mejorar el servicio de Guardería Rural; sobre la compra de Mimbrales; y nombrar abogados para las causas jurídicas del Ayuntamiento”. Ante esta «violación de los derechos de la oposición» y del propio artículo 22 de la Ley de Bases de Régimen Local que establece claramente cuáles son las competencias del Pleno, IU decidió retirar del debate en señal de protesta las dos mociones aceptadas por la alcaldesa y señalar a través del portavoz que «se trata de la aplicación de la particular Ley mordaza hacia la oposición para evitar el debate y la presentación de propuestas que resulten incómodas al gobierno. Resulta curioso que una de las rechazadas fuese la de nombrar abogados para las causas jurídicas del Ayuntamiento, sabiendo el gobierno que en octubre tendrá lugar el juicio penal del Campo de Golf de Matalascañas».
El concejal Daniel Martínez hizo un recorrido por los primeros meses de gobierno en los que “rescinde el contrato de los abogados externos que llevaban las causas de irregularidades y corrupción; sube los impuestos y recorta los servicios; y como último paso amordaza a la oposición para que no puedan pronunciarse al respecto”. Para IU este posicionamiento del gobierno obedece a una clara estrategia de la alcaldesa centrada en el archivo de todas las causas de irregularidades abiertas durante la pasada legislatura que afectan directamente a su partido. Esta postura la ha dejado el gobierno bien claro el mismo 10 de septiembre al contestar por escrito una solicitud presentada días antes por la oposición, en la que se le pedía el nombramiento de abogado y procurador para el juicio del campo de Golf, contestando la Alcaldesa que no van a hacer nada al respecto.
Ante esta situación Daniel Martínez ha realizado un llamamiento a la oposición para actuar porque “se ha coartado los derechos de la oposición a presentar mociones y defender el interés general evitando que el pleno pueda nombrar abogados, y así tapar las irregularidades y las presuntas corrupciones de la red clientelar laboral y empresarial que hay en Almonte sirviéndose del Ayuntamiento”. Se trata de un tema que urge de medidas administrativas, jurídicas y políticas que por su calado y transcendencia no puede ser tomada de forma unilateral por IU, y necesita del consenso de la oposición porque como dice el concejal “Almonte no se merece una alcaldesa ni gobierno así”.
Tras este llamamiento Izquierda Unida llevará a cabo movimientos para la realización de acciones en esos tres ámbitos y «recuperar el rumbo de la participación, el consenso y la defensa del interés general».
