El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva comenzará en el próximo mes de noviembre a tomar declaración a todas aquellas personas presuntamente relacionadas con las supuestas irregularidades en el uso de subvenciones en cursos de formación para desempleados financiados por la Junta de Andalucía, tras la investigación desarrollada al respecto por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Cabe recordar que más de 50 personas fueron citadas a declarar el pasado mes de junio en la provincia onubense en el marco de la ‘operación Eduende’, en la que se investiga este supuesto fraude masivo en la concesión de las subvenciones.
Por este caso declaró el alcalde de Punta Umbría, el socialista Gonzalo Rodríguez Nevado, que fue citado para ello dos días después de ser investido para afrontar su tercer mandato.
Al respecto, en declaraciones a Europa Press, Rodríguez Nevado aseguró que los asuntos por los que prestó declaración «pertenecen a una empresa familiar de la que está desligado desde el año 2007 y los hechos que se investigan son posteriores».
Esta causa fue archivada el año pasado, sin embargo el juez optó por reabrirla después de que le llegara «nueva información ampliatoria del atestado policial» que desarrolla la citada unidad. Las denuncias presentadas afectaban a casi una treintena de empresas de la provincia de Huelva. No obstante, antes de que el juzgado tomara esta decisión, la Fiscalía llegó a recurrir el sobreseimiento en reforma de esta causa, que finalmente se reabrió.
A nivel regional hasta siete juzgados andaluces abrieron diligencias previas sobre estos cursos. Las pesquisas de centraron inicialmente en Málaga, donde la UDEF detectó irregularidades en 17 de las 20 empresas o personas físicas beneficiarias de las subvenciones, tras lo que la Fiscalía solicitó al juzgado la declaración en calidad de imputados de los responsables de las entidades en las que se han detectado inicialmente estas irregularidades, «así como respecto de aquellos funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgó las subvenciones».
