Este viernes, 25 de septiembre, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Huelva ha registrado en diversos ayuntamientos de la provincia, en la capital y en la Diputación Provincial una moción para exigir una nueva Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda que cubra las medidas de mínimos para hacer frente a la situación actual de emergencia habitacional.

La moción,  que forma parte de una campaña estatal dirigida a los Consistorios «para recordarles que también deben implicarse en la problemática de la vivienda, ya que esta afecta a sus vecinos», se presenta a todos y cada uno de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento para que decidan sí quieren llevarlo a su aprobación al Pleno.

La actual crisis económica ha impactado en la vida de miles de personas, que a causa de las dificultades económicas sobrevenidas no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Esta situación ha llevado a que muchas familias no puedan hacer frente a las cuotas hipotecarias o de alquiler de su vivienda habitual, lo cual a su vez ha supuesto miles de desahucios vulnerando el derecho a una vivienda digna.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial des de 2007 hasta el primer trimestre del 2015 se han producido en el Estado Español 624.690 ejecuciones hipotecarias, 8.178 en el primer trimestre del 2015; o lo que es lo mismo en el primer trimestre de 2015 se han ejecutado una media de 136 desahucios diarios. A estas alarmantes cifras se han de sumar el aumento de las dificultades para afrontar el pago del alquiler. El CGPJ ha contabilizado la preocupante cifra de 397.954 desahucios des del inicio de la crisis en el 2007 hasta el primer trimestre del 2015, solo en el primer trimestre del 2015 se han ejecutado 9.917 desahucios.
Estamos ante una situación de emergencia que se incrementa por la existencia de un mercado de alquiler escaso, caro y especulativo y por la falta de un parque público de vivienda social siendo además el país de Europa con mas vivienda vacía, 13,7% del parque total (3 millones y medio de pisos vacíos según el censo estatal de vivienda de 2011).
El contexto descrito de vulnerabilidad y emergencia se está traduciendo también en un significativo aumento de las ocupaciones de vivienda. Una forma de hacer efectivo el derecho a la vivienda que aumenta el grado de vulnerabilidad social de quien se ha visto empujado a esta forma de acceso a una vivienda.

También resulta alarmante el creciente número de personas afectadas por la pobreza energética, entendida como la dificultad para poder pagar las facturas de los suministros básicos de electricidad, agua y luz. Los precios de acceso y consumo de estos suministros, que han crecido de forma exponencial, se han vuelto inasequibles para gran parte de la ciudadanía.

La Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en artículo 11, reconoce «el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, (…). Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho…».

En el marco jurídico nacional, el artículo 47 CE proclama del derecho a una vivienda digna y adecuada así como el deber de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, y el artículo 33 declara la función social de la vivienda.

En ocasión de las próximas elecciones generales, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha hecho pública una serie de medidas de mínimos que considera necesario e imprescindible incluir en una futura Ley reguladora del Derecho a la Vivienda. Estas medidas implican reformas profundas y valientes pero a la vez factibles.

La moción que propone la PAH a los distintos grupos políticos en los plenos de sus ayuntamientos se puede resumir en cinco puntos:

1. Medidas de segunda oportunidad

• Dación en pago retroactiva y condonación de la deuda (modificación de la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil).

• Eliminación automática de las cláusulas declaradas abusivas por las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

• Considerar la vivienda habitual como un bien inembargable.

• Eliminación de todos los requisitos restrictivos para acceder a la moratoria de desahucios y al código guindos, salvo vivienda habitual, deudor/a de buena fe y carencia de recursos

2. Alquiler digno

• Introduciendo mecanismos de seguridad en la tenencia, estabilidad en la renta y alargando el plazo mínimo de duración del alquiler hasta los 5 años.

3. Vivienda garantizada

• Las entidades bancarias garantizarán un alquiler social para las personas deudoras de buena fe, que habiendo cedido su vivienda única y habitual en dación en pago no dispongan de alternativa.

• En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda, sin que la administración competente garantice un realojo adecuado.

• Creación de un parque público de vivienda

• El precio a pagar en concepto de alquiler social no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar, incluidos gastos de suministros, de acuerdo con los estándares de Naciones Unidas.

4. Suministros básicos

• Impedir los cortes de suministro básicos de agua, luz y gas de las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad.

• El pago de los suministros básicos para las familias en esta situación se hará de acuerdo a la capacidad adquisitiva de la unidad familiar, siempre respetando los estándares de Naciones Unidas.

5. Creación de un observatorio de la vivienda compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil.

Será encargado de investigar y analizar la situación de la vivienda. Entre sus funciones estarían hacer censos periódicos de viviendas vacías, seguimiento de las políticas públicas…