Mesa de la Ría ha lamentado que la Junta de Andalucía haya autorizado ambientalmente (AAU) la instalación parcial de la planta depuradora de los vertidos de Repsol en Mazagón, sin que se resuelva el Impacto global de sus instalaciones gasísticas en Doñana.

El colectivo, que por un lado quiere remarcar el gran logro de los ciudadanos y en especial del barrio del Matadero al paralizar los vertidos de los camiones Repsol en Huelva, considera que no se debe trasladar ni a Mazagón, ni a Doñana el mismo problema.

Mesa de la Ría, que denunció los vertidos de miles de camiones cisterna en una arqueta de la barriada del Matadero en Huelva, provenientes de las instalaciones de REPSOL en la linde del Parque Nacional de Doñana, a organismos como el Ayuntamiento, Aguas de Huelva, Junta de Andalucía, Comisión Europea y defensores Andaluz y Español, considera un gran éxito que dejen de verterse residuos de origen industrial en la depuradora de Huelva, no preparada para vertidos de aguas geológicas de formación.

Ahora bien, «parece un contrasentido que tras la denuncia efectuada, el Ministerio de Tejerina aprobase en enero un Estudio de Impacto “parcial” de una depuradora de aguas en Mazagón, a sólo 100 metros del Parque Natural de Doñana, además de sus vertidos, y, ahora, la Junta de Andalucía conceda la AAU a esta instalación parcial de “depuradora móvil”, lo que sin duda afectará a las costas de Mazagón, Matalascañas y Doñana, sin que se aclare hasta el momento, si existe y en qué condiciones, la declaración de Impacto para las instalaciones globales de extracción de gas de Repsol-Poseidon frente a las costas de Mazagón o Doñana, tal y como viene exigiendo desde hace años Mesa de la Ría».

En el escrito de 3 de junio de 2015 la defensora del Pueblo Español, ha remitido un informe a Mesa de la Ría en el que considera que REPSOL funciona sin Evaluación de Impacto Ambiental completa, por lo que resulta un disparate que la Junta conceda ahora la AAU (autorización Ambiental Unificada) a una depuradora móvil, como una instalación parcial del conjunto de instalaciones de REPSOL que no están evaluadas ambientalmente.

Mesa de la Ría considera que la Junta debe impedir cualquier actividad que no esté adecuada a las exigencias de su propia legislación la Ley GICA, es decir a una Autorización Ambiental Unificada global de la actividad de REPSOL,  pues la empresa funciona sin ella, al no haberse adaptado en la fecha límite impuesta por la legislación de abril de 2008, y sobre todo, porque Doñana y su entorno, no es un parque gasístico.