La presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva (APH), Manuela de Paz, ha sido citada a declarar el próximo 15 de diciembre como imputada, tras la denuncia presentada por CCOO por presunta prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude de subvenciones, según ha podido confirmar Europa Press.

Desde el Sector Estatal del Mar de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO se denunció un supuesto delito de prevaricación al «haber utilizado la presidenta del Puerto, en su condición de autoridad-funcionaria pública, la adjudicación a Sandetel de trabajos contenidos en la asistencia técnica para la renovación tecnológica, modernización, mejora de seguridad y gestión de los sistemas de información y telecomunicaciones de la APH con un presupuesto de inversión de 1,1 millones de euros».

En concreto, aseguran que se produjo esa adjudicación «haciendo caso omiso a las recomendaciones del Ministerio de Fomento (organismo competente en Puertos del Estado) que a través de informe jurídico de Puertos del Estado, desaconsejó categóricamente dicha adjudicación».

Cabe recordar que sobre este procedimiento la Fiscalía pidió el sobreseimiento el pasado mes de febrero, no obstante desde el sindicato solicitaron nuevas diligencias de pruebas que fueron admitidas, por lo que tendrá que comparecer el citado día.

El pasado mes de junio la presidenta del Puerto declaró ante el juez por otra causa, por un presunto delito relacionado con el medio ambiente. Concretamente, la denuncia también la interpuso CCOO y reprocha a la Autoridad Portuaria que en el proyecto de ampliación Sur Muelle Ingeniero Juan Gonzalo no fue solicitada la preceptiva evaluación medioambiental prevista dada la posible afectación de espacios protegidos de la Red Natura 2000 declarados LIC y «todo ello con la intención de no perder la financiación de parte de las obras, un 80 por ciento, con fondos Feder».

En concreto, tiene pendientes tres procedimientos distintos, todos iniciados tras la citada denuncia. Por un lado, el primero relacionado con citado el delito medioambiental. El segundo se refiere a los delitos de prevaricación, contra la integridad moral, contra los trabajadores, un delito de malversación de fondos públicos, y fraude de subvenciones, que declarará el próximo 15 de diciembre, mientras que la tercera causa se centra en un delito contra la libertad sindical y derecho de huelga.