La Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva ha solicitado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra la presidenta del puerto, Manuela de Paz, y el exdirector del mismo, Pedro García, por supuestos delitos relacionados con el medio ambiente.

Según reza en el informe de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, «los hechos objeto de la presente causa no son constitutivos de infracción penal», indicando además que «no se han concretado los leves indicios de infracción penal existentes al inicio de la investigación».

Cabe recordar que ambos prestaron declaración el pasado mes de junio en esta causa, que se inició tras una denuncia por CCOO que fue dividida en tres procedimientos, debido a la cantidad de presuntos delitos a los que se hacía referencia.

Por un lado, se encuentra el mencionado delito medioambiental; el segundo procedimiento se refiere a los delitos de prevaricación, contra la integridad moral, contra los trabajadores, un delito de malversación de fondos públicos, y fraude de subvenciones, por los que está citada a declarar el próximo 15 de diciembre, mientras que la tercera causa se centra en un delito contra la libertad sindical y derecho de huelga.

Por ello, el fiscal Alfredo Flores precisa, a su vez, que «no puede tampoco olvidarse» que estos delitos son «una pequeña parte de la totalidad de las denunciadas por la Acusación Popular en relación con la actividad de la Autoridad Portuaria de Huelva (APH), no rebasan el ámbito administrativo y deben por ello depurarse en su caso ante la Jurisdicción Contenciosa y no en la vía Penal».

En cuanto al delito, el fiscal señala, respecto a los delitos medioambientales que, «en esencia, se reprocha por la acusación popular a los imputados la realización o la autorización de proyectos de obras de ampliación del puerto exterior de esta ciudad entre 2007 y 2012, con dragados, aterramientos, rellenos, sin solicitar la preceptiva Evaluación Medioambiental prevista en la Ley, y todo ello con «la intención de no perder la financiación de parte de las obras, un 80 por ciento, con fondos Feder de la Unión Europea (UE) y causando por ello grave afectación medioambiental».

Del mismo modo, indica que lo que la acusación popular denomina fraccionamiento de la obra «no es tal», sino que «por el contrario se está ante la ejecución de una obra de infraestructura portuaria de gran envergadura técnica y económica en dos fases y que su ejecución por partes, ha apuntado en su informe, «nada que ver con la práctica también frecuente en los últimos tiempos de fragmentar contrataciones públicas para eludir controles».

DESCARTA AFECCIÓN GRAVE
Sobre las posibles consecuencias negativas de las obras para el Medio Ambiente, ha incidido en que los imputados no han participado en la ejecución material de las obras que la APH ha contratado con distintas empresas y que la documentación aportada por la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía «descartaba posible afectación grave o perjuicio para especies de flora o fauna protegidas por las obras».

Asimismo, precisa que «no puede perderse de vista que se trata de una obra de infraestructura promovida por una Autoridad Portuaria con una intención de mejora ambiental –separar los distintos graneles sólidos a cargar-descargar en dicho muelle– y que al estar financiada con fondos FEDER de la UE está sometida no sólo a los controles del Ministerio de Fomento a través de Puertos del Estado, sino a los de todas administraciones ambientales».

Sobre la posible prevaricación, por la omisión de la evaluación ambiental del proyecto, a juicio del Ministerio Fiscal y aún en el caso de que hubiese existido consenso de los técnicos sobre la necesidad de someter la segunda fase del proyecto a Evaluación Ambiental, «su ausencia sin más no supondría prevaricación, teniendo en cuenta que se trata de una obra pública de Puertos del Estado».