La Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) ha notificado al Ayuntamiento de Gibraleón el inicio del procedimiento de apremio en vía ejecutiva de casi 1,5 millones de euros, correspondiente a la parte de la indemnización que, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el municipio debe afrontar por abandonar el servicio de Giahsa.

La notificación de la providencia de apremio, a la que ha tenido acceso Europa Press, da de plazo hasta el día 20 de este mes de diciembre para que el Ayuntamiento efectúe el pago de la cantidad reclamada, tras el cual «se procederá sin más al embargo de sus bienes».

Esta indemnización tiene su origen en 2013, cuando el Ayuntamiento olontense, gobernado por entonces por el PP, aprobó el 11 de julio su salida de Giahsa, encomendando el servicio temporalmente a la empresa privada Aqualia.

Por ello, la Mancomunidad de Servicios, propietaria de Giahsa, aprobó su pleno una liquidación por la que reclama desde entonces el pago de 4,5 millones de euros.

El pasado 11 de junio, el TSJA estimaba parcialmente la solicitud del Consistorio, de manera que suspendía el pago del 65 por ciento de la liquidación (2,2 millones), y denegaba la misma en cuanto al 35 por ciento, es decir 1,2 millones, que ahora son reclamados por vía de apremio desde la Mancomunidad, con los recargos e intereses correspondientes, por lo que la cantidad se eleva ya a 1.479.4571.28 euros.

El alto tribunal andaluz destacaba entonces que «los perjuicios que se puede ocasionar a la entidad y a los ayuntamientos que la integran» por la salida de Gibraleón «son mayores que los que puede sufrir» el Consistorio, argumento en lo que se basaba para obligar al Ayuntamiento de Gibraleón al pago de una parte importante de la indemnización.

Por ello, tras el informe económico presentado por la MAS para argumentar que «los perjuicios que se puede ocasionar a la entidad y a los ayuntamientos que la integran» por la salida de Gibraleón «son mayores que los que puede sufrir» el Consistorio, se ha estimado sólo parcialmente la petición del mismo.

Por su parte, el ente local alegó que estas medidas cautelares supondrían «un desequilibrio económico de su hacienda pública municipal». Así las cosas, el juzgado estimó parcialmente las medidas con el fin de «ponderar» ambos intereses.