El portavoz del Equipo de Gobierno y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Huelva, Manuel Gómez, se ha entrevistado esta misma mañana con el fiscal jefe de la Audiencia Provincial para darle conocimiento de “los acontecimientos tan graves que se han producido en relación con las excavaciones ilegales en el sector del Seminario”.

El concejal de Urbanismo ha trasladado a la Fiscalía “la indignación y honda preocupación del Consistorio por el ilegitimo expolio del patrimonio de todos los onubenses, un hecho ante el cual el Consistorio no se va a quedar parado”. Precisamente por ello, el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la fiscalía y de la autoridad judicial para darle traslado de todas las acciones que, al respecto, va a llevar a cabo en el campo de su competencia.

Asimismo, Gómez ha pedido al resto de administraciones que ejerzan también sus competencias en este asunto, incidiendo en que “el Ayuntamiento, ante este ataque de las empresas privadas, va a depurar todas las responsabilidades, tanto a nivel judicial como administrativo en cualquier ámbito”.

El portavoz ha explicado que el Ayuntamiento ya ha abierto un expediente sancionador y otro expediente de restitución de la legalidad urbanística, y tiene constancia además que existe un atestado del Seprona y se ha abierto una investigación por parte de la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía.

Según Gómez, “con todas estas actuaciones y documentación vamos a intentar que, en la medida de los posible, se restituya el daño causado al patrimonio de la ciudad y también que las personas o  entidades responsables paguen por este expolio tan grave de nuestro patrimonio”. En este sentido, y “ante la extrema gravedad de los hechos, Gómez ha asegurado que “reclamaremos la máxima sanción posible”.

Ha dejado claro que una vez que la Fiscalía finalice las diligencias de investigación y comunique al Consistorio que éstas se pasan al juzgado de instrucción, “el Ayuntamiento se personará en la causa, como no puede ser de otra forma, ya que como representante de los onubenses, es el principal dañado y perjudicado, por lo que llegaremos hasta el final para defender el patrimonio de todos los ciudadanos”.

JUNTA DE ANDALUCÍA

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, ha señalado que en lo ocurrido en el yacimiento Santa Marta-La Orden de Huelva, –en el que se encontraban restos que se remontan hasta el periodo del Calcolítico, del cuarto milenio antes de Cristo– «se aplicará» la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, que «nos da potestad sancionadora», afirma.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, donde ha presentado la programación expositiva para 2016 del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), Aguilar señala que su departamento «está al tanto de lo ocurrido no solo en Huelva, de extraordinaria importancia, sino también de lo ocurrido en Marbella, donde se han sustraído obras de arte de patrimonio histórico».

Así, asegura que además de todas la actuaciones policiales que se están llevando a cabo sobre los hechos, por parte de la Consejería de Cultura, la Ley de Patrimonio «les da potestad y facultad sancionadora», por lo que «no les quepa la menor duda de que en el caso de Huelva se actuará conforme a esta ley», insiste.

ADIF

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha asegurado este lunes que «no le consta» que haya relación directa entre las obras de la estación de trenes de Huelva y lo ocurrido en el yacimiento Santa Marta-La Orden, –en el que se encontraban restos que se remontan hasta el periodo del Calcolítico, del cuarto milenio antes de Cristo–.

Según han informado a Europa Press desde ADIF, no les consta relación entre la actuación de las empresas adjudicatarias que están acometiendo las obras de la estación y el movimiento de tierras en la zona del yacimiento.

Pese a que por el momento no le consta relación alguna entre las obras y este hecho, ADIF ha abierto una investigación para recabar información a la UTE encargada de las obras por si alguna de estas empresas hubiera contratado con algún proveedor el acopio de arena y éste, a su vez, tuviera algún tipo de relación con lo sucedido.

Sin embargo, «no consta relación directa entre la obra de Adif y estos hechos», han incidido, dejando claro que la propiedad de los terrenos donde se hallan los restos «no tienen nada que ver» con la entidad pública, ni con las obras.

Asimismo, desde ADIF han remarcado que «ante cualquier demanda de información adicional por parte de administraciones u otras instituciones, estaremos dispuestos a colaborar», aclarando que «no han detectado relación» entre la entidad y los hechos acontecidos.