El Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala ha celebrado este lunes un pleno extraordinario en el que se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos que conforman la corporación una declaración institucional de apoyo a los trabajadores y contra el cierre de la mina de Aguablanca, que aunque está en el término municipal de Monesterio, en la provincia de Badajoz, da trabajo a más de medio centenar de vecinos de Santa Olalla del Cala.
El encargado de leer la declaración institucional ha sido el alcalde de Santa Olalla del Cala, el popular Antonio Plaza, que se ha visto arropado en esta sesión plenaria por la presencia del secretario general del PP de Huelva y portavoz en la Diputación Provincial, David Toscano.
Santa Olalla del Cala, junto a Cala, es uno de los municipios onubenses afectado por este cierre, ya que muchos de los trabajadores de esta explotación son de la localidad. Como ha puesto de manifiesto el secretario general de los populares onubenses “es preciso que todas las administraciones formen un frente común que evite el cierre de la mina y que sirva para mantener los cientos de puestos de trabajo directos e indirectos que genera esta actividad en las provincias de Badajoz, Huelva y Sevilla”. Toscano ha considerado “precipitado y anticipado” el anuncio de cierre de la empresa y ha abogado porque todas las partes se sienten a buscar una solución al problema para el mantenimiento de los empleos”.
En este sentido, el alcalde de Santa Olalla y coordinador adjunto del PP en la comarca de la Sierra de Huelva, Antonio Plaza, ha explicado que “desde el Ayuntamiento de Santa Ollala estamos con los trabajadores y reivindicamos al creación de una mesa de trabajo en la que estén presentes, además de la empresa, y la representación de los trabajadores, los ayuntamientos de Santa Olalla, Cala, Monesterio, El Real de la Jara, las diputaciones de Badajoz, Sevilla y Huelva, la Junta de Extremadura y la Junta de Andalucía, y el Gobierno central”.
PARTIDO SOCIALISTA
Por su parte, el portavoz del PSOE en la Diputación de Huelva, José Luis Ramos, ha lamentado el anuncio del cierre de la mina de Aguablanca, que explota Río Narcea, que tiene su repercusión en Huelva por la pérdida de empleo de onubenses de localidades vecinas del término municipal de Monesterio, donde está situada la mina, y ha afirmado que su grupo pedirá al Gobierno que informe sobre este proceso, a través de una moción que elevará al próximo pleno del ente provincial.
En rueda de prensa para anunciar las mociones que llevará el PSOE al pleno de la Diputación, José Luis Ramos ha mostrado su «solidaridad» con estas familias afectadas y anunciaba que la localidad de Santa Olalla del Cala celebrará un pleno este mismo lunes para abordar la situación.
En este sentido, ha manifestado su «estupor» con el Gobierno, que es el que «tiene los derechos mineros en exclusiva», a lo que ha añadido que «en estos años no ha habido ni un solo contacto con la Junta de Andalucía ni con la Diputación», por tanto ha señalado que, a través del pleno, pedirán al Gobierno que «explique el proceso» porque «no es normal que los trabajadores afectados se enteren por los medios de comunicación».
«El proyecto lo ha gestionado en exclusiva el Ministerio de Industria y las instalaciones están en la comunidad autónoma extremeña», ha señalado Ramos, por tanto, ha manifestado que «la Junta andaluza no solo no tiene competencias sino que nadie le ha informado».
Al respecto también se ha pronunciado el secretario de Organización del PSOE, Jesús Ferrera, quien ha subrayado su preocupación por este anuncio, aunque ha remarcado que «el proyecto de explotación comenzó en 2004 y finalizaba en 2015», por tanto ha indicado que «el cierre no tiene nada que ver con el precio actual de los metales».
No obstante, ha precisado que se trata de una explotación minera «declarada como reserva del estado», por lo que considera que «es el Ministerio de Industria quien tiene que dar las explicaciones necesarias sobre este proceso».
Por último, «si es cierto que en todas aquellas explotaciones mineras declaradas como reserva de estado las empresas que las explotan tienen que pagar un canon, vamos a exigir este canon revierta en los territorios afectados por esta pérdida de empleo».
