El Teléfono de Atención a las Personas Mayores de Andalucía (900 858 381) ha recibido durante 2015 un total de 183 llamadas en la provincia de Huelva. De estas llamadas, el 40 por ciento, (74), fueron denuncias de presuntos malos tratos o abusos al colectivo, mientras que el resto (109) correspondió a peticiones de información sobre servicios.
La Junta de Andalucía gestiona a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales este recurso, gracias al cual se facilita de manera personalizada, las 24 horas del día durante todo el año, la posibilidad de comunicar situaciones de riesgo que afecten a las personas mayores, con la finalidad de llevar a cabo la intervención más adecuada en cada caso. Junto a ello, se ofrece información acerca de servicios y recursos que estén a disposición de la población diana.
Según ha explicado a Europa Press el delegado territorial del ramo, Rafael López, la existencia de este servicio «se enmarca dentro de los programas con que cuenta la Junta de Andalucía para ofrecer una atención integral a las personas mayores».
La administración autonómica puso en marcha este teléfono, de carácter gratuito, en 2006. Desde esa fecha se han registrado un total de 1.900 llamadas en Huelva. En cuanto a las realizadas el año pasado, 70 procedieron de hombres y 113 de mujeres.
El mayor número de las denuncias recibidas en 2015 por supuestos casos de maltrato estuvo relacionada con situaciones de negligencia y abandono, seguidas de maltrato psicológico. En este apartado también se registraron, ya en menor medida, denuncias por maltrato físico, institucional o financiero. Por maltrato institucional se entiende cualquier abuso que se produce en servicios sociales o sanitarios dirigidos al colectivo.
Por su parte, el financiero consiste en menoscabar la economía de una persona mayor aprovechándose de su falta de recursos para defenderse en situaciones de este tipo.
Las medidas requeridas para atender cada situación de posible maltrato se canalizan en las delegaciones territoriales de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en cada provincia, y conllevan la intervención de los servicios sociales comunitarios, la inspección de servicios sociales o la Fiscalía, en función de cada caso.
No obstante, la mayoría de las llamadas que atiende esta prestación telefónica siguen siendo consultas informativas, en concreto, el 60 por ciento el año pasado (109).
