Izquierda Unida ha mostrado este martes su respaldo a las monitoras de educación especial que trabajan en los colegios públicos de Huelva, contratadas por la Fundación SAMU, «en sus reivindicaciones ante esta empresa que no cumple con el convenio colectivo». Este colectivo laboral, compuesto por 112 mujeres y tres hombres, «se ha visto obligado a realizar una huelga de diez días que finalizó el pasado día 11 de marzo, para reclamar a la empresa que deje de incumplir lo establecido en su convenio, al fraccionarle las vacaciones, pagarles salarios por debajo del convenio, dejar de cotizarles días de trabajo, incumplir las condiciones de antigüedad y modificar sustancialmente sus condiciones de trabajo, entre otros incumplimientos».
Ante esta situación, el coordinador provincial de Izquierda Unida, Pedro Jiménez, ha anunciado que «vamos a presentar una pregunta en el Parlamento Andaluz a la Consejería de Educación por las medidas que debe tomar para remediar esta situación, además de una moción de apoyo en la Diputación Provincial para exigir a la Junta de Andalucía que obligue a la empresa adjudicataria a cumplir con el convenio colectivo».
La Fundación SAMU es una empresa adjudicataria de la Consejería de Educación para atender a menores con necesidades especiales en varios colegios públicos de la provincia de Huelva. Sin embargo, «con la complicidad pasiva de la Junta de Andalucía, esta empresa no cumple con el pliego de condiciones de esta adjudicación, perjudicando los derechos laborales de su plantilla». Según han explicado las representantes sindicales de este colectivo, «las monitoras afectadas cobran un salario de tan sólo unos 500 euros al mes, mientras que según el convenio deberían percibir 300 o 400 euros más al mes, según la antigüedad de las trabajadoras».
Por ello, Pedro Jiménez expone que «vamos a reclamar a la Junta de Andalucía que obligue a la empresa a cumplir escrupulosamente con las condiciones de la adjudicación, y si no es así que se vuelva a realizar otra licitación pública de este contrato con la Junta, garantizando que en la misma se cumplan con los derechos laborales de estas trabajadoras».
Por su parte, el secretario provincial de CCOO, Emilio Fernández, denuncia que «este problema tiene que ver con la cadena de externalización de servicios públicos que lleva a cabo la Junta de Andalucía y que, en muchas ocasiones supone la privatización de los mismos, perjudicando las condiciones laborales y salariales de las plantillas de trabajadores y trabajadoras».
La presidenta del Comité de Empresa de las monitoras, María José López, ha declarado que «una vez más le reclamamos a la Junta que vigile a esta empresa, que no ha mostrado ninguna voluntad de negociar con nosotras durante la huelga que hemos tenido que realizar y que ha sido masivamente secundada”. La representante sindical de las monitoras ha anunciado que “vamos a seguir movilizándonos a las puertas de los colegios donde trabajamos”. Además, la sindicalista ha destacado que “durante la huelga hemos recibido el apoyo de las Ampas, de las madres y padres a cuyos hijos atendemos y de los directores de los centros afectados que nos han trasladado su solidaridad para que consigamos que se cumplan nuestras reivindicaciones».
Por último, la secretaria del Comité de Empresa, Purificación Ramos, ha precisado que «las monitoras que trabajamos para empresas externalizadas cobramos la mitad que las que están contratadas directamente por la Junta de Andalucía, por lo que nuestras condiciones laborales son ya bastante precarias, como para que la empresa se niegue a cumplir con el convenio colectivo».
