El exdelegado provincial de Empleo en Huelva Eduardo Manuel Muñoz ha subrayado este martes que «nunca» dio ni recibió «instrucciones de ningún tipo» para incumplir las leyes y que tampoco intervino «nunca» a favor de ni en contra de un expediente a la hora de conceder una subvención. Ha añadido que las ayudas concedidas se debieron a propuestas que «cumplían todos los requisitos legalmente previstos» y que si en su fiscalización el interventor hubiera detectado algún problema habría, suspendido del procedimiento.

Así lo ha dicho Muñoz en la intervención inicial de su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre los Cursos de Formación que se celebra en el Parlamento de Andalucía y donde también ha subrayado que no firmó nada que «no estuviera fiscalizado previamente por el interventor» ni nada que no tuviera la preceptiva propuesta de la unidad administrativa competente.

Una vez hecha esa intervención inicial, Muñoz, que fue delegado de la Consejería de Empleo entre septiembre de 2009 y julio de 2012 y de la de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo desde esa fecha y hasta marzo de 2015, ha rechazado responder a las preguntas de los grupos políticos en base a su situación procesal –está investigado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva en el marco de la causa por los fondos para los cursos de formación– y, según ha dicho, siguiendo las recomendaciones de su abogado y para evitar lo que pudiera perjudicar su defensa en los tribunales.

Tras incidir en su reconocimiento al personal de la Delegación de Empleo y en subrayar su «ahínco», «profesionalidad» y «responsabilidad», Muñoz ha repasado algunos de los aspectos de la tramitación de los cursos de formación comenzando por señalar que «nunca» llegó a conocer el contenido de los informes de la intervención provincial y, al desconocerlos, tampoco tuvo la posibilidad de formular alegación o defensa.

En lo que se refiere al posible menoscabo, ha mantenido que en «un concepto administrativo, de interpretación contradictoria incluso para los distintos interventores provinciales» y ha subrayado que en Huelva las diligencias previas fueron archivadas en vía administrativa y que un auto ya resolvió que no había ilícitos contables en el ejercicio 2011.

Muñoz también ha señalado que las relaciones de la Delegación con los servicios centrales en materia de formación para el empleo era de «absoluta normalidad y cumplimento legalidad». También ha hecho referencia el exdelegado a los expedientes sin exonerar o justificar indicando que el informe del interventor no señala haber comprobado todas las exceptuaciones sino que la exceptuación concreta no figura en los expedientes.

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS Y SEGUIMIENTO
En cuanto a la selección de beneficiarios, Muñoz ha defendido que el informe del interventor no dice que no haya una baremación sino que ésta «no se aportó con los expedientes de la muestra estudiada»; y sobre la escasez de personal, ha dicho que se intentó la dotación de todos los puestos de trabajo, algo «difícil» en la administración.

En su repaso a otros aspectos en la realización de los cursos, ha mantenido que todas las entidades adjudicatarias «deberían estar homologadas, inscritas o reconocidas» en función de las especialidades; y, al hilo del seguimiento de los cursos y la inserción, ha dicho que el seguimiento documentado en fichas y con visitas se hacía en el 100 por cien de los cursos visitados, mientras que la valoración se realizaba en los servicios centrales, no en los provinciales.

Por último, el exdelegado onubense ha dicho no tener información para poder cuantificar los importes no justificados ni conocimiento de procedimientos sancionadores contra beneficiarios en el ámbito de la formación pero sí en otras áreas, por lo que si hubiera llegado una propuesta en ese sentido, se habría tramitado.

IU Y C’S LAMENTAN LA FALTA DE COLABORACIÓN
Respetando el derecho del compareciente a no declarar, la portavoz de IULV-CA, Elena Cortés, ha lamentado que Muñoz, como otros exdelegados, estén «dando poca colaboración, por no decir ninguna,» a la comisión y ha dudado, a la vista de las decisiones políticas, de las comprobaciones realizadas y de la investigación judicial, de esa defendida legalidad en las actuaciones.

La diputada, como el resto de portavoces –a excepción del del PSOE que no ha querido hacerlo y del de Podemos, que no estaba presente en la sala–, ha planteado las preguntas que tenía previstas para el exdelegado, entre ellas varias relativas a las empresas Paraíso Nevado y Paraíso de la Dehesa y a su propietario, el exalcalde de Punta Umbría Gonzalo Rodríguez Nevado; y otras más genéricas sobre la inserción de personas que pasaron por varios cursos y que nunca lograron encontrar un puesto de trabajo en el «nicho de mercado» para el que supuestamente fueron ideados los cursos.

La portavoz de Ciudadanos, Marta Bosquet, ha suscrito «hasta la última coma» lo defendido por Cortés y ha incidido en «lo difícil que se hace arrojar luz» sobre lo que ocurrió con los cursos de formación porque los que estaban al frente «no están aportando nada».

«No nos están dejando poder desarrollar el trabajo de esta comisión; entre la falta de documentación que facilitó el Gobierno y la poca colaboración de quienes han tenido responsabilidades al frente de las subvenciones nos vemos bastante limitados», ha lamentado la diputada de la formación naranja.

«PARECIERA UNA INVENCIÓN»
También la portavoz del PP Teresa Ruiz Sillero ha lamentado la falta de respuestas del exdelegado y ha apuntado que, a la vista de su intervención inicial y de las de otros comparecientes, pareciera que «todo fuera una invención». Sin embargo, ha subrayado que «si hay una investigación judicial y una comisión de investigación es porque hay indicios y hechos «más que suficientes» para que existan estas dos vías de investigación.

Entre sus preguntas, la ‘popular’ se ha referido al «visto bueno» que Muñoz dio a determinadas facturas de bebidas alcohólicas y comidas y le ha preguntado si «cumplió instrucciones de sus superiores para que hiciera la vista gorda y se le diera curso a los pagos».

«LAS CONCLUSIONES YA ESTÁN ESCRITAS»
Por último, el portavoz del PSOE, Rodrigo Sánchez Haro, ha lamentado la actitud del resto de los grupos al «no respetar» el derecho del compareciente a no declarar y ha criticado que hayan «incitado e insistido una y otra vez» a Muñoz y a otros exdelegados a que respondan pese a haber adelantado no querer hacerlo por su situación procesal. «Le lanzamos mentiras» con el objetivo de conseguir una respuesta que ha dicho que no quería tener, ha reprochado al resto de portavoces.

Sánchez Haro ha expuesto que parece que «dé igual que el interventor haya dicho que no hay menoscabo de fondos públicos o que las diligencias previas haya sido archivada» porque «les da igual lo que digan» ya que «ya tienen las conclusiones redactadas».