El Ayuntamiento de Cartaya, gobernado por el independiente Juan Polo, ha pagado a todos los proveedores del año 2015 en el primer trimestre del año 2016, con un promedio de pago de facturas pendientes de entre 40 y 50 días.

El dato, según se ha destacado desde el área económica del Consistorio, «es tremendamente importante teniendo en cuenta el contexto en el que se produce, puesto que partimos de una deuda municipal considerable y venimos de una situación extremadamente delicada, y sobre todo, muy positivo, puesto que es la primera vez en los últimos ocho años que se produce una situación semejante».

La concejala de Economía, María del Carmen García, ha señalado que es «importante, de cara a la consecución de la pretensión de ofrecer cada vez más y mejores servicios a los ciudadanos, el hecho de que podamos hablar a día de hoy de normalidad en el cumplimiento de nuestras obligaciones económicas, puesto que, venimos de una situación de absoluta anormalidad, que todavía siguen arrastrando muchos ayuntamientos», ha informado el Ayuntamiento en una nota.

En este sentido, García ha destacado como otros logros a tener en cuenta de la gestión económica, el hecho de que en los últimos cuatro años se haya reducido la deuda municipal en diez millones de euros, así como «no tener pendientes pagos a la Seguridad Social, ni a la Agencia Tributaria, ni tampoco haya pendientes anticipos solicitados al Servicio de Gestión Tributaria, situación que hace tan sólo cinco años asfixiaba aún más a las arcas municipales».

Además, ha indicado, «es un indicativo igualmente importante el hecho de que las nóminas de los trabajadores se abonen debidamente y como norma general, antes de los cinco primeros días del mes».

Para la responsable económica del Consistorio, «el hecho de que por primera vez en muchos años se estén cumpliendo con las obligaciones puntualmente», es consecuencia de la apuesta de este Ayuntamiento por «una gestión económica más eficiente, con un mayor control del gasto y una mayor estabilidad presupuestaria, entre otros muchos aspectos».

El objetivo, ha añadido, «es seguir recortando la deuda pendiente, mejorar la solvencia y la situación económica de la institución, y revertir todo esto sobre los ciudadanos, garantizando y mejorando los servicios públicos».