El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva ha archivado la denuncia contra la expresidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva Manuela de Paz y el exdirector del puerto Pedro García en la que se les acusaba de un delito medioambiental, falsedad documental y fraude de subvenciones en las obras de ampliación sur del muelle Ingeniero Juan Gonzalo.
Según reza en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa al considerar que «no aparece debidamente justificada» la perpetración de este delito, que ha dado motivo a la formación de la causa.
El auto analiza profundamente todos los supuestos y realiza un estudio detallado de los hechos para concluir que «teniendo en cuenta la inexistencia de los delitos contra el medio ambiente inicialmente imputados, quedan sin contenido los otros dos delitos imputados de falsedad documental y fraude de subvenciones».
De esta forma, el juzgado ha ratificado las afirmaciones de la expresidenta del Puerto de Huelva en las que defendía su conducta como «intachable».
La denuncia fue interpuesta por CCOO en relación al proyecto de ampliación Sur Muelle Ingeniero Juan Gonzalo, al entender que no fue solicitada la preceptiva evaluación medioambiental prevista dada la posible afectación de espacios protegidos de la Red Natura 2000 declarados LIC y «todo ello con la intención de no perder la financiación de parte de las obras, un 80 por ciento, con fondos Feder».
Al respecto, el Ministerio Fiscal en un informe aclaró que de la documentación aportada por la Delegación de Medio Ambiente «se descarta posible afectación grave o perjuicio para especies de flora o fauna protegidas por las obras».
Sobre la posible prevaricación, aseguró que «no existen datos concretos y relevantes, más allá de sospechas, que permitan concluir que las obras de ampliación del Puerto Exterior realizadas por la Autoridad Portuaria, lo han sido adoptando resoluciones injustas a sabiendas, en perjuicio del interés general».
El fiscal destacó a su vez que tanto la Dirección General de Sostenibilidad de la Red de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en 2010 como la Delegación Territorial de dicha Consejería en 2013 señalan «la no afección relevante de espacios de la Red Natura y la no necesidad de evaluación ambiental».
A su vez, aseguró que la ausencia de esta evaluación ambiental «no supondría prevaricación, teniendo en cuenta que se trata de una obra pública de Puertos del Estado, con intervención de los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente, de la Abogacía del Estado y de la Administración Autonómica».
Manuela de Paz tiene pendiente un segundo procedimiento por los presuntos delitos de prevaricación, contra la integridad moral, contra los trabajadores, un presunto delito de malversación de fondos públicos y fraude de subvenciones y un presunto delito contra la libertad sindical y derecho de huelga, a raíz de una denuncia interpuesta por el mismo sindicato.
IGNACIO CARABALLO
El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha mostrado su satisfacción tras el archivo de la denuncia contra la expresidenta del Puerto de Huelva, Manuela de Paz, con el que se demuestra su inocencia, «en la que siempre hemos creído». Dicha causa la acusaba de un delito medioambiental, falsedad documental y fraude de subvenciones en las obras de ampliación sur del muelle Ingeniero Juan Gonzalo.
De este modo, Caraballo ha criticado en un comunicado la «campaña de desprestigio» que se ha hecho contra su persona y gestión al frente del Puerto de Huelva. Según el presidente provincial del PSOE, «con ello se ha demostrado que esta denuncia ha sido fruto de una persecución política y con la intención de dañar la imagen y el honor de esta persona».
En esta línea, el secretario general ha resaltado «la labor intachable de Manuela de Paz en los años de dedicación al servicio público y que ha dado muestras de actuar siempre con rigor, seriedad y conforme a la ley».
Por ello, ha lamentado el «daño condenatorio» que se ha hecho contra la expresidenta del Puerto de Huelva y ha subrayado que «el auto contempla la inexistencia de los delitos contra el medio ambiente inicialmente imputados, por lo que también carecen de contenidos los otros dos delitos imputados de falsedad documental y fraude de subvenciones».
Por lo que Caraballo ha concluido que «dicha denuncia sólo buscaba judicializar la vida política con el único fin de desprestigiar a una persona honesta y responsable». Con ello, «se ha pretendido enturbiar la imagen de una institución y de quien la representaba», por lo que ha considerado que «Manuela de Paz se merece una disculpa pública y social».
