La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a tres años de prisión a dos hombres, y al pago de una multa de 150 euros, por un delito contra la salud pública al convertir sus viviendas, ubicadas en la capital onubense, en puntos de venta de heroína y cocaína.

Según reza en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, ambos –uno de ello condenado con anterioridad en Alemania por un delito de conducción sin permiso– establecieron en sus casas puntos de venta de drogas realizando indistintamente labores de captación y de la propia venta.

En este operativo, puesto en marcha por la Policía Nacional, se intervinieron a siete compradores que salieron de los domicilios de los condenados y siete paquetillas de heroína y cocaína. A su vez, el día 27 de noviembre de 2014, los agentes solicitaron autorización judicial para la entrada y registro en ambos domicilios, no hallando nada reseñable en la vivienda de uno de ellos e interviniendo en la del otro 87 euros y 23 envoltorios de droga.

De éstos, 13 habían sido lanzado por la ventana de la cocina por su esposa que, una vez analizados, resultaron ser heroína y cocaína con un peso de 1,3236 gramos, con una pureza a heroína del 4,3 por ciento y un valor en el mercado de 15 euros, y la cocaína con pureza del 61,56 por ciento y un valor en el mercado de 75 euros, recortes circulares de plástico y 87 euros productos de las ventas realizadas.

Los acusados eran consumidores de cocaína y heroína en la fecha de los hechos, sin que conste que el consumo afectara a sus facultades volitivas e intelectivas y se encuentran en la actualidad en tratamiento de deshabituación en el Centro Provincial de Drogodependencia.

Durante el juicio, sus letrados pidieron la absolución y los condenados negaron los hechos, alegando ambos que no vendían droga, que en aquella época eran toxicómanos, y añadiendo uno de ellos que las paquetillas encontradas en su domicilio eran para su propio consumo.

Por su parte, el Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de un delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud solicitando se le impusiera a cada uno la pena de cuatro años de prisión y una multa de 250 euros.