La Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) ha notificado a los ayuntamientos de Cartaya y Cortegana un requerimiento para el cumplimiento inmediato de la inclusión de los créditos, ordinarios o extraordinarios, en sus respectivos presupuestos. La finalidad es hacer frente al pago de las liquidaciones practicadas por acuerdo plenario de la MAS como consecuencia de la salida de ambos consistorios de la institución. El global de ambos importes alcanza los 14,5 millones, 12,2 en el caso de Cartaya y 2,3 en el de Cortegana.
Del mismo modo, se ha informado desde la Mancomunidad a los dos ayuntamientos que aunque la liquidación que se les exige es en sí misma ejecutiva, esa ejecutividad se ha visto refrendada por auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 y por sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del TSJA. Además, se entiende desde la MAS, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales contiene un mandato directo y específico a la autoridad administrativa encargada de la gestión (el alcalde, en este caso) de incluir los créditos ordinarios o extraordinarios para hacer frente a los referidos pagos.
La obligación requerida a los ayuntamientos de Cartaya y Cortegana debía cumplirse en el plazo de tres meses desde la fecha de la notificación de la resolución judicial. Comoquiera que el referido plazo se ha rebasado con creces, desde MAS se entiende que los respectivos alcaldes están incumpliendo esta obligación que específicamente le ha impuesto el ordenamiento jurídico.
A principios de este mes, MAS y su empresa de gestión Giahsa anunciaron un nuevo paso al frente en la estrategia de cobro de indemnizaciones a los ayuntamientos que de manera unilateral abandonaron la institución sin hacer frente a sus obligaciones legales. La primera medida está siendo precisamente la de recurrir y paralizar los presupuestos de los consistorios que no consignen la deuda, así como exigir responsabilidades personales a aquellos alcaldes que no cumplan con sus responsabilidades legales. En estos momentos, MAS y Giahsa siguen procesos de reclamación de liquidaciones por importe de 35,3 millones, de los que 24,5 son ejecutables sobre la marcha.
La pasada semana, la Mancomunidad de Servicios y el Ayuntamiento de La Palma del Condado firmaron un convenio administrativo de colaboración cuyo objeto es dejar saldadas y resueltas las diferencias y litigios existentes entre las dos partes, surgidas como consecuencia de la disolución y liquidación de la Mancomunidad de Aguas del Condado, con un saldo resultante de 2,8 millones cuya liquidación se hará efectiva en el plazo de 10 años.