En una nueva rueda de prensa celebrada en el Campus de La Rábida, el director, Estanislao Arana García, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada; y Ricardo Rivero Ortega, catedrático de la Universidad de Salamanca, presentaron el curso “La reforma de las leyes de procedimiento y régimen jurídico de las Administraciones Públicas”.
La finalidad principal del curso es ofrecer a los operadores jurídicos un conocimiento teórico-práctico de las Leyes 39 y 40/2015, que tiene como objetivos conocer las principales novedades que aportan; entender dichas normas dentro del contexto social y normativo en el que se han gestado e insertarlas en dicho contexto; y valorar su repercusión en el ordenamiento jurídico administrativo español.
La publicación de dichas leyes, sobre el procedimiento administrativo común y el régimen jurídico del sector público, ha dado lugar a una inmediata reacción por parte de la doctrina y de todos los operadores jurídicos en el ámbito del Derecho administrativo. “Estas leyes vienen a revisar una norma básica y que ya estaba muy asentada en la sociedad, como era la ley 30/1992 de régimen jurídico y de procedimiento administrativo”, dice el director del curso. Estanislao Arana García sostiene que los puntos más importantes de las leyes han sido objeto de análisis hasta llegar al día de hoy, en el que la administración electrónica es uno de los grandes hitos que se trata de afianzarse en la ley.
En ese sentido, Estanislao Arana García explica que la verdadera reforma que se produce, al margen de otras reformas puntuales, es acabar con la dicotomía que hasta ahora teníamos entre procedimiento administrativo ordinario, escrito, y procedimiento administrativo electrónico. “Hablamos de un único procedimiento administrativo que será electrónico y que su implantación definitiva va a tener cierta dificultad”, comentó. El objetivo de la e-administración – continúa – es que haya mayor agilidad y seguridad aunque ahora hay problemas que generan disminución de los derechos.
Por su parte, Ricardo Rivero Ortega se pregunta, ¿cómo van a ser las relaciones entre la administración y los ciudadanos en los próximos años?. “Los juristas debemos velar para que ciertas situaciones se corrijan, este cambio de soportes está produciendo menoscabos en los derechos”, sentenció. Además, el jurista agregó que “si pensamos que al cambio lo tienen que hacer los tecnólogos, se van a perjudicar los derechos de los ciudadanos”.
Finalmente, el catedrático dio un ejemplo para entender cuáles son los derechos de los ciudadanos que se ven afectados con el cambio de soporte. “Si yo presento una solicitud en papel, nadie me puede limitar el número de palabras que puede incorporar mi solicitud, pero si tengo que rellenar un formulario electrónico y solo me permite que tenga 1000 caracteres, pues aunque yo tenga muchas más cosas que decir no las puedo exponer porque técnicamente me lo imposibilitan, y eso está ocurriendo”, concluyó.
