El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha dicho este martes que la «decisión unilateral» del Ayuntamiento de Huelva a la hora de aprobar los presupuestos para este 2016 y suspender el rescate de Hacienda «no es acertada, teniendo en cuenta que el Gobierno ha tendido la mano al Consistorio con un mecanismo de ayuda que ahora quiere romper», por lo que ha insistido en que la decisión «complica la solución que desde la Administración del Estado se ha querido dar a los ayuntamientos».
Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas tras presentar la puesta en marcha de tres nuevos fondos e instrumentos de liquidez extraordinaria para hacer frente a la situación económica de los ayuntamientos andaluces, en Sevilla. «El problema es que no puedes unilateralmente romper cuando te acoges a una serie de medidas que requieren unas exigencias, ya que quien hace un pacto debe cumplirlo», ha apostillado.
Asimismo, ha reiterado que la decisión del Consistorio onubense «es una medida negativa, precipitada e inadecuada, puesto que no es la mejor manera de actuar cuando se hacen acuerdos de apoyo a ayuntamientos para que luego éstos incumplan», ha asegurado a la misma vez que ha añadido que «tienen la obligación de cumplir estas cosas porque no se hacen gratis, sino a través de mecanismos con diferentes planes de ajuste y medidas de estabilidad presupuestaria, entre otros».
En este sentido, Sanz ha calificado también la noticia como una «deslealtad institucional» porque «se rompen unilateralmente los compromisos adquiridos», recordando que el Ayuntamiento se incorporó en su momento a diferentes planes y mecanismos de financiación extraordinaria de liquidez pactados con el Gobierno de España.
En cuanto a posibles actuaciones y sanciones, el delegado del Gobierno en Andalucía no se ha atrevido a añadir nada más porque «desconoce» en qué magnitud se ha llevado a cabo la ruptura con ese plan de rescate o qué condiciones de las planteadas, y «que tiene obligación de cumplir», deja de acatar.
En función de esto, ha asegurado que «habrá que reaccionar por diferentes vías, muchas de ellas previas a la reclamación económica». No obstante, sí ha dejado claro que los ayuntamientos «no pueden romper» los acuerdos alcanzados cuando «les venga en gana porque se benefician de unas condiciones y esto tiene exigencias». Un trabajo, el de velar por el cumplimiento de las leyes, que corre a cargo de los departamentos de asistencia al municipio de la Delegación del Gobierno.
Por tanto, la Subdelegación del Gobierno es la que «debe iniciar» las actuaciones adecuadas, una vez revelado el incumplimiento y se haya comprobado que «no se ha cumplido con la norma», ha explicado.
Además, Sanz ha especificado que, antes de llegar a un contencioso-administrativo en este tipo de casos, «existen muchos requerimientos previos», por lo que se intenta «evitar» el enfrentamiento y buscar soluciones por todo tipo de vías, incluso la técnica, donde se informa al alcalde, al secretario general de los ayuntamientos implicados y al delegado de Hacienda sobre cuáles son las normas que «están incumpliendo».
«Si el Ayuntamiento se salta todo esto y no quiere acceder ni al diálogo ni a negociar, no queda más remedio que ir a los tribunales, pero ese es el último recurso que se utiliza porque previamente hay muchos requerimientos e intentos de diálogo», ha concluido.
