Según Acaip, el referido interno es «muy conflictivo», presenta «graves problemas psiquiátricos» y había protagonizado diversos incidentes en el centro, hasta el punto de que el día anterior supuestamente había agredido a otros internos en el módulo de Enfermería.

Al hilo de este caso, desde Acaip subrayan que la prisión de Huelva «se está convirtiendo en el destino idóneo para internos con un amplio historial de incidentes violentos en otras prisiones del país, que al final suelen acabar recalando» en dicho centro, de modo que «el nivel de conflictividad en la prisión de Huelva se va incrementando de forma significativa, sin que podamos atisbar por parte de la dirección del centro una intervención diligente ante estos hechos, por desgracia cada vez más comunes en los últimos tiempos».

«No comprendemos el traslado de un interno de estas características a nuestro centro penitenciario, cuando no existen ni los recursos materiales ni humanos para albergar a este tipo de reclusos violentos y con estas patologías psiquiátricas», añade Acaip, desde donde también inciden en que «no se han tomado por parte de la dirección del centro, teniendo en cuenta la trayectoria penitenciaria y trastornos mentales del recluso, medidas para evitar las agresiones tanto al resto de la población reclusa como a funcionarios».

En esa línea, el sindicato afirma que «la pasividad de la dirección del centro penitenciario de Huelva ante este escenario, la saturación del departamento de aislamiento que en muchos momentos condiciona una eficaz respuesta ante este tipo de situaciones, así como la eliminación del reparto de medicación psiquiátrica a internos drogodependientes los fines de semana y festivos por razones presupuestarias hace que la escalada de incidentes con agresiones a compañeros que ha venido sufriendo nuestra plantilla nos haga cuestionar la capacidad de la dirección para dar un giro a la deficiente gestión que se está realizando hasta ahora».

«Desconocemos qué tipo de agresión o incidente va a hacer reaccionar a la dirección del centro o, en su defecto, a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias; para que se tomen, de una vez, medidas efectivas en vías a prevenir este tipo de incidentes», añade Acaip, que agregan que, «por si fuera poco, al margen de los problemas endémicos que sufrimos en nuestro centro, existe un aumento paulatino de enfermos mentales entre la población reclusa que contrasta con la falta de personal psiquiátrico para tratarlos y una continua disminución del personal de vigilancia».

Acaip concluye subrayando que «esta escasa protección jurídica de nuestro colectivo encuentra su colofón en la exclusión del personal penitenciario del Protocolo de Actuación frente a las agresiones a los funcionarios públicos de la Administración General del Estado por parte de la Administración y los sindicatos negociadores», una situación «incomprensible cuando el 65 por ciento de las agresiones de la Administración General del Estado se producen en centros penitenciarios».