Todo ello, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, por construir, desde 2008 y sin autorización, nueve pozos con brocal a cielo abierto y autobombas sumergibles en la finca ‘El Avispero’, ubicada en Bonares y en la zona de influencia del Espacio Natural de Doñana, donde extrayeron agua subterránea sin ningún tipo de contador y sin que conste el pago de ninguna cantidad. No obstante, durante el juicio ambos negaron los hechos.

El juzgado, que también les obliga al desmantelamiento de los pozos y declara responsable civil a la sociedad que ambos conformaban, considera probado que los pozos fueron construidos con la intención de asegurar el riego de la parte de la citada finca, destinada a usos agrícolas –unas 60 hectáreas de plantación de arándanos–.

OTRAS CONDENAS

Cabe recordar que uno de estos acusados, el padre –administrador de la entidad hasta 2012, mientras que su hijo lo era en la actualidad–, y otros dos empresarios más fueron condenados, y ratificada la condena por el Tribunal Supremo en 2012, como autores penalmente responsables de un delito contra la ordenación del territorio, a las penas de un año y seis meses de prisión para cada uno y a una multa de 12 meses con una cuota de diez euros diarios, por realizar construcciones ilegales en la misma finca.

De hecho, también fueron condenados a indemnizar a la Junta con el pago de 587.498 euros para la regeneración del territorio transformado, así como a desmantelar a su costa las balsas de riego y demoler o retirar las edificaciones construidas, devolviendo a su estado original el suelo afectado.

Al acusado en este caso de los pozos lo condenó además por un delito de desobediencia grave a la autoridad a la pena de seis meses de prisión, que se suman a la condena de un año y seis meses por el delito contra la ordenación del territorio, y también a un funcionario de la Consejería de Medio Ambiente a la pena de un año de inhabilitación especial para el empleo o cargo público por un delito de omisión del deber de denunciar delitos.

En dicha sentencia se condenaba a éste, como administrador de la sociedad, por delitos contra la ordenación del territorio pero no por los pozos de riego ni por otra balsa realizada en el año 2005 aprovechando un desnivel natural del terreno.

TRAS SER CONDENADOS

El fiscal aseguraba en su escrito que, con posterioridad a dicha condena y para obtener el beneficio económico derivado del mantenimiento de la actividad agrícola, padre e hijo –actuando siempre en el marco de la entidad reseñada y con pleno conocimiento de la ilegalidad de la actividad agrícola en la finca– mantuvieron la extracción no autorizada de agua y aprovecharon la hondonada natural del terreno como segunda balsa y con afectación del arroyo cercano del Espartero.

Estos hechos fueron constatados por agentes del Seprona en la inspección de la finca en marzo de 2013, tras la condena, cuando éstos solicitaron la documentación de los pozos, negándose uno de los acusados a entregar dicha documentación. De hecho, en el juicio la Guardia Civil corroboró esta circunstancia y la construcción de estos nueve pozos.

Del mismo modo, señaló el fiscal que, desde 2008 a 2014, los acusados han obstaculizado sistemáticamente las labores inspectoras de las administraciones competentes.

En la comarca de Doñana se localiza el acuífero 27 ‘Almonte-Marismas’, el cual cuenta con una gran relevancia medioambiental y humana, pues alimenta al Espacio Natural de Doñana, espacio donde el agua subterránea juega un papel esencial tanto para la generación y mantenimiento de medios naturales muy diversos y ecológicamente valiosos, como para la subsistencia y desarrollo de una población, que depende casi enteramente del agua subterránea para su abastecimiento y para el regadío.