La empresa Ginso, adjudicataria de la gestión de los Centros de Menores Masculinos El Faro y Dunas, ha despedido a dos trabajadores después de que éstos denunciaran ante la Inspección de Trabajo, la Dirección General de Justicia Juvenil de la Junta, los Juzgados y los medios de comunicación una situación de acoso laboral que incluía la “modificación de su categoría laboral sin justificación, despidos de parte de la plantilla para ser sustituida por personal de otros centros no subrogados en esta licitación, la obligación de  realizar tareas fuera de las funciones por las que fueron contratadas, además de impedir la conciliación familiar y laboral”.

Tras todas estas acciones, y haber denunciado ante la opinión pública esta situación, la empresa ha dado un paso más y “estos trabajadores han sido despedidos por reclamar sus derechos a la jurisdicción social, lo que podría suponer una presunta vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, recogida en el artículo 24 de la Constitución Española”, ha afirmado Ana Hernández, responsable de Enseñanza Privada, Protección y Menores del sindicato provincial de Enseñanza de CCOO Huelva.

La empresa ha justificado el despido por causas económicas explicadas literalmente de la siguiente forma: “La situación provocada por la grave crisis económica que afecta gravemente a España, ha tenido su reflejo en las Administraciones Públicas, y por tanto en las entidades que dependen de ellas, lo que ha provocado una disminución relevante de los ingresos de Ginso, así como una previsión de mayores reducciones, lo que está provocando un impacto negativo en los resultados de la asociación y en su capacidad para mantener la actual plantilla que asciende a 800 trabajadores (en toda España) aproximadamente. La grave situación descrita tuvo su impacto en los datos económicos correspondientes al ejercicio 2015”.

CCOO ha considerado que “no se puede justificar el despido de estos trabajadores aludiendo al impacto de una crisis económica que ya existía cuando se produjo la licitación de este servicio, por lo que debería haber sido previsto tanto por la empresa como por la Junta, adjudicataria de este servicio”.

Por ello, la sindicalista considera, que “tras estos despidos tan sólo se esconde una respuesta de la empresa a las denuncias de estos trabajadores por su modificación injustificada de sus condiciones laborales”.

Además, Hernández ha recordado a Ginso que “hizo un acuerdo con los delegados de personal haciendo un descuelgue del II Convenio Estatal de Protección de Menores, para poner en vigor un convenio de empresa que asegurara el mantenimiento de la plantilla subrogada y que evitara despidos, algo que todavía sigue en vigor y que también ha sido incumplido por parte de la empresa”.

Finalmente, la responsable de enseñanza Privada, Protección y Menores de CCOO Huelva, ha exigido a la Junta de Andalucía que “cuando se haga una licitación de este tipo, las personas trabajadoras no tengan que sufrir la incompetencia de las empresas, que en este caso se remonta a la anterior adjudicataria (AESIM) que todavía mantiene deudas con la plantilla”. Así como ha recalcado que “la Dirección General de Justicia Juvenil y Delegación Provincial sean responsables de la adjudicación y mantenimiento de la misma, bajo las condiciones del pliego y respetando la subrogación de las plantillas”.